Free Press Venezuela.

Un crimen censurado... Caso Horacio José Gregorio Morales Dumont.

2011-11-30T12:24:00.001-04:30

Francisco Javier Touceiro Rodríguez.C.I. V-17758887

El Rodeo: el triunfo de la maldad

2011-06-19T03:26:00.006-04:30

La situación carcelaria en Venezuela ha sido noticia últimamente. La crisis que sacude al sistema penitenciario nacional genera zozobra entre los reclusos, hoy llamados, de forma hipócrita, privados de libertad, recordando aquello de lo políticamente correcto que nos describió Umberto Eco.

Sin embargo, hay que señalar que esta crisis es de vieja data. Las corruptelas que permiten el ingreso de armas y estupefacientes a los penales, así como el otorgamiento de determinados beneficios a los reclusos son un tema de largo recorrido.

En la actualidad, la situación parece haber empeorado. Los reclusos poseen armamento de alto calibre, manejando las cárceles a su antojo. Bajo el dominio de los denominados “pranes”, los penales se han convertido en centro de operaciones de los hampones, coordinando y dirigiendo, desde allí, hechos delictivos en las afueras de los centros de reclusión.

Ante este panorama, el gobierno nacional ha decidido retomar el control del Internado Judicial Rodeo, complejo penitenciario conformado por dos etapas: Rodeo I y Rodeo II, con una capacidad instalada de 1.250 reclusos, pero que hoy en día, según datos del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), alberga a un total de 2.439 individuos. Cabe destacar que cito a la mencionada ONG, porque en la página web de la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios (DNSP) no existe ningún tipo de información al respecto.

El operativo emprendido por el gobierno ha sido duramente criticado por diversos sectores del país, reconociéndose, en algunos casos, un gran desconocimiento del tema y un mero interés político en el abordaje de la problemática. Sin embargo, la actitud asumida por el gobierno, al igual que en anteriores oportunidades, lejos de contribuir a la legitimación de sus acciones, ha producido un clima de desconfianza en torno a la operación.

En primer lugar, el ya acostumbrado cerco mediático, en el que la labor de los medios de comunicación privados es obstruida abiertamente por los cuerpos de seguridad del Estado, permitiéndose únicamente el acceso al aparataje mediático bajo control estatal.

En segundo lugar, el manejo político de los voceros oficiales, quienes pretenden achacar la situación al manejo que dan los medios privados a la información y al sempiterno plan desestabilizador de oposición apátrida que, en esta ocasión, en alianza con los antisociales, pretende derrocar al gobierno revolucionario.

La politización de un tema tan delicado, sólo genera más problemas y es un grave error tanto de gobierno, como oposición. Los primeros deben asumir su responsabilidad como encargados de la seguridad y control de los centros penitenciarios y, los segundos, si bien están en su libre de derecho de emitir las críticas que consideren pertinentes, no deben buscar réditos políticos de una situación tan lamentable.

Adicionalmente, considero adecuado hacer una aclaratoria en torno al concepto del uso progresivo de la fuerza, él mismo establece una escala de actuación de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, en función de los tipos de situación que enfrenten. En el caso en cuestión, los reos han mostrado una conducta hostil en contra de los funcionarios, ante lo cual, los mismos están facultados para el uso de la fuerza en forma proporcional. Es decir, ante la arremetida con armas de fuego de distinto calibre por parte de los reclusos, los cuerpos de seguridad, están autorizados a repeler dichos ataques usando armas de fuego, con el fin de neutralizar a los reos, buscando el menor derramamiento de sangre posible. Sin embargo, no deja de ser curioso, que un cuerpo minado de vicios como la Guardia Nacional, principal sospechoso de contribuir con la venta de armas y drogas en las prisiones, sea el encargado de combatir los males que ha engendrado.

Por último, es de extrema importancia reflexionar en torno a la situación actual de las cárceles en el país. Hoy es El Rodeo, mañana puede ser La Planta o la Penitenciaria General de Venezuela (PGV). El sistema penitenciario debe ser reestructurado siguiendo los parámetros internacionales más estrictos, con el fin de evitar cualquier tipo de desviaciones y que, con sumo pesar, debamos atravesar nuevamente una situación tan difícil como la que estamos viviendo actualmente.

Francisco Javier Touceiro Rodríguez.
C.I. V-17758887

¿Existe en Venezuela un gobierno de facto?

2011-01-08T21:20:00.003-04:30

GOBIERNO DE FACTO

I. Concepto

El vocablo gobierno de facto o gobierno de hecho se utiliza para designar aquellos gobiernos, en contraposición a los gobiernos de jure, que no tienen fundamento constitucional expreso. Es decir, los gobiernos que surgen como consecuencia de una ruptura del ordenamiento constitucional, ya sea por golpe de Estado, revolución o cualquier otro procedimiento de hecho, al margen del ordenamiento jurídico.

Los gobiernos de facto se subdividen en generales y locales. Los primeros son los que controlan totalmente el territorio estatal. Los segundos, en cambio, aunque aspiran al mismo objetivo, por la oposición de determinados grupos sólo logran controlarlo parcialmente. En esta segunda hipótesis se produce una coexistencia de un gobierno de derecho y de un gobierno de facto, cada uno de ellos tratando de imponerse sobre el otro.

Podemos citar los ejemplos de España durante la Guerra Civil de l936 y la lucha por la independencia de Argelia. En ambos casos, durante algún tiempo coexistieron sobre el mismo territorio una gobierno de iure y otro de facto, cada uno dominando una parte determinada del territorio. Al final de las respectivas luchas armadas, los gobiernos de facto terminaron imponiéndose y posteriormente se transformaron en gobiernos de iure.

II. Características

Las características principales del gobierno de facto son las siguientes: a) quebranto total y algunas veces parcial del ordenamiento constitucional; b) surgimiento de una forma innovadora de creación de normas jurídicas; c) absorción en sus manos de todos los Poderes del Estado, tanto del Constituyente como de los constituidos; d) el imperio que tal autoridad ejerce de hecho impone obediencia a los habitantes, no sólo como necesidad sino como un deber, en interés del orden; e) capacidad jurídica para comprometer al Estado en relaciones dentro y fuera de su territorio; f) su reconocimiento internacional se basa en el cumplimiento del principio de efectividad; es decir, que sea real y efectivamente obedecido como poder estatal dentro de su territorio, ya sea por aceptación expresa o tácita de los gobernados. Veamos esas características en detalle.

A. Quebranto total o parcial del ordenamiento jurídico

Todo gobierno de facto, al surgir de un hecho extrajurídico, implica necesariamente la ruptura total o parcial del ordenamiento jurídico existente. La ruptura total se da siempre en los casos de revolución. En las demás hipótesis de instauración de gobiernos de facto, como golpes de Estado, desconocimiento del ordenamiento constitucional por el Poder Ejecutivo, etc., normalmente se produce sólo una ruptura parcial del ordenamiento, por lo que la mayoría de las normas jurídicas continúa vigente.

En las revoluciones el rompimiento es total, porque los triunfadores desean cambiar radicalmente los fundamentos políticos, económicos y sociales del régimen.

En cambio, en los demás casos, la ruptura no suele ser radical, sino que tan sólo se dejan sin efecto aquellas disposiciones relativas al funcionamiento del aparato político del Estado, de manera tal que el nuevo gobierno pueda asumir plenamente el ejercicio de aquellas funciones estatales que requiere para el cumplimiento de sus fines.

Normalmente, en tales hipótesis los tribunales de justicia siguen funcionando conforme al ordenamiento derogado, por lo que la derogatoria se circunscribe, por lo general, a las normas que regulan la organización y funcionamiento de los órganos legislativo y ejecutivo.

B. Surgimiento de una forma innovadora de creación de normas jurídicas

El surgimiento de un gobierno de facto crea una instancia autónoma y novedosa de creación de normas jurídicas, pues al reunir en sus manos el Poder Constituyente, queda legitimado para dictar normas jurídicas de cualquier rango: constitucionales, legales, reglamentarias, etcétera.

Forma novedosa de creación de normas jurídicas debe entenderse en el sentido que el gobierno de facto crea nuevas normas, las cuales no son necesariamente revolucionarias ni radicalmente distintas del ordenamiento jurídico. Por lo general, sólo los gobiernos de facto que son producto de una revolución producen Derecho que transforma radicalmente el ordenamiento anterior. Por ejemplo, la Revolución Bolchevique de l9l7; la Revolución de los Ayatolas en Irán; los Talibanes en Afganistán; Fidel Castro en Cuba, para sólo citar algunos ejemplos bien conocidos.

C. Absorción en sus manos del Poder Constituyente y de los Poderes constituidos

El gobierno de facto reúne en sus manos tanto el poder originario (Poder Constituyente), como los Poderes Constituidos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Normalmente delega el ejercicio de los Poderes constituidos en otros órganos, especialmente el Judicial, por obvias razones de carácter técnico, pero jurídicamente mantiene la potestad de reasumirlo en cualquier momento. Como Poder Constituyente está legitimado para dictar normas de rango constitucional, inclusive con carácter retroactivo. Generalmente, los decretos de facto tienen rango de ley, pues como sabemos la ley constituye el acto jurídico más importante dentro del Estado moderno.

D. Sus mandatos deben ser obedecidos por todos los habitantes

Ningún gobierno puede legitimarse si no cuenta con la obediencia de sus gobernados. Esta obediencia puede ser voluntaria o bien impuesta por el temor o el uso de la fuerza. Ejercer el poder, por definición, es ser obedecido por sus destinatarios. Por tanto, el gobierno de facto debe ser obedecido por sus gobernados. Esta característica ofrece algunas dificultades, pues históricamente han ocurrido casos en que parte importante del territorio no es dominado por el gobierno de facto y, a pesar de ello, se le reconoce internacionalmente como tal.

E. Capacidad jurídica para comprometer al Estado interna

y externamente

Todo gobierno de facto, al asumir el poder, se convierte en un sujeto de Derecho, pues adquiere simultáneamente la capacidad de actuar como Administración Pública, sea como sujeto de imputación de poderes y deberes en el plano del Derecho interno, y como sujeto del Derecho Internacional.

Si el gobierno de facto gobierna pacíficamente sobre el territorio, es lógico concluir que tendrá legitimidad para ejercer las potestades que ordinariamente competen a los órganos estatales regulares, entre ellas, las de comprometer con sus actos al Estado. En el ámbito internacional la jurisprudencia de los tribunales internacionales ha reiteradamente sostenido que los actos de los gobiernos de facto obligan internacionalmente al Estado.

F. Su reconocimiento internacional se basa en el cumplimiento del principio de efectividad

Todo gobierno de facto, como lo indicamos líneas arriba, requiere que sus mandatos sean obedecidos, voluntariamente o mediante la coacción, por los habitantes del Estado. En el plano del Derecho Internacional se reconoce a un gobierno de facto cuando cumple con el llamado principio de efectividad, o sea cuando es la autoridad que efectivamente manda dentro de su territorio, por ser el poder político supremo e irresistible dentro de él.

Vocablos de referencia:

Democracia

Autoritarismo

Bibliografía:

Biscaretti Di Ruffia: Contributo alla teoria della formazione degli Stati, Giuffre. Milano, 1938.

Cattaneo, Mario: El concepto de revolución en la Ciencia del Derecho. De Palma. Buenos Aires, 1968.

Giuliano Amato: “Governo di fatto” en Enciclopedia del Diritto Romano. Giuffre. Milano, 1970.

Kelsen: La naissance de l’Etat et la formation de sa nationalité, Revue de Droit International. LGD. París, 1929.

Piovani: “Il principio d’ effetivitá” en Enciclopedia del Diritto. Giuffre Volume XIX. Milano, 1965.

Sánchez Viamonte: El constitucionalismo: sus problemas. De Palma. Buenos Aires, 1946.

Santi Romano: Scritti Minori, Volume I. Giuffre. Milano, 1950.

Schaumann: De facto Regierung en Worterbubh des Volkerrechts, I. Berlín, 1960.

Fuente: http://bit.ly/fAFc1p

Frenazo a la Ley de Educación Universitaria, por ahora

2011-01-04T22:19:00.000-04:30

Una Ley de Educación Universitaria discutida de espaldas a la comunidad universitaria y defendida a ultranza por los fieles diputados oficialistas en la Asamblea Nacional ha debido ser vetada por el Presidente Chávez, quien luego de muchísimo tiempo ha dado muestras de racionalidad y, al mismo tiempo, ha realizado un llamado al debate plural en torno a una normativa legal tan importante.

La actitud del Presidente al realizar el anuncio fue sumamente correcta y lo felicito por ello. Sin embargo, la comunidad universitaria no debe bajar la guardia y ahora más que nunca involucrarse de lleno en la discusión y el debate en torno a la necesaria modernización de la universidad venezolana.

El movimiento universitario debe mantenerse en pie de lucha y defender la inclusión de todos los sectores, sin ningún tipo de distinción, en la discusión de una nueva Ley de Educación Universitaria. La universidad, pese a los viciados señalamientos que la acusan de sectarismo, permite la sana convivencia entre las distintas ideologías políticas que existen y entre quienes, como yo, no se identifican claramente con ninguna, sino que reconocemos aspectos positivos de un lado y del otro de la acera.

En la Venezuela actual, sólo en la universidad, existe esa posibilidad de sana convivencia, pese a los intentos de grupúsculos violentos de querer hacerse sentir por la fuerza, la polarización no se ha hecho sentir de forma tan profunda dentro del recinto universitario, muy a pesar del interés por arrastrarnos a la vorágine política que azota al país.

Ahora bien, como claramente lo señaló el Presidente Chávez, se abre el debate. Debemos salir a dar la cara y a defender un modelo de universidad, inclusivo y democrático, que garantice la igualdad de oportunidades y que, como establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, la única diferencia entre todos sean nuestras propias capacidades personales.

¡Viva la universidad libre, plural y autónoma, al servicio del país y no de un proyecto político! ¡El proyecto de la universidad es Venezuela!

Francisco Javier Touceiro Rodríguez.C.I. V-17758887

CNE bajo sospecha.

2010-09-29T10:41:00.004-04:30

Elección tras elección, surgen nuevas dudas sobre el proceso electoral, dudas que desmotivan a parte del electorado de participar en los comicios y que los alejan cada día más de participar en la vida política del país.

Esos temores justificados o no, alimentan el morbo de quienes buscan una salida fácil y rápida, de quienes predican que la vía es incendiar el país y acabar con la revolución a como dé lugar, antes de que sea demasiado tarde para todos. Los radicales se benefician de la actitud del CNE, que dejan mucho que desear y a más de uno con un mal sabor de boca.

2010, elecciones a la Asamblea Nacional, la oposición obtiene prácticamente la misma cantidad de votos que el oficialismo, sin embargo la diferencia en el número de diputados es totalmente desproporcionada. Adicional a esto, se anunció que los resultados se presentarían 2 horas después del cierre de las mesas, la realidad, se anunciaron 8 horas después; sin mediar ningún tipo de explicación, que subsanara las dudas que tal espera había despertado en los ciudadanos que horas antes habían acudido a ejercer su derecho al sufragio.

Finalmente se ofrece el primer boletín, con datos incompletos. El voto lista, el número de diputados por estado, salvo algunas excepciones y la votación al Parlamento Latinoamericano. Posteriormente se publican en internet, nuevamente incompletos y con constantes modificaciones, nuevamente sin ningún tipo de explicación para el electorado.

El día de ayer 28 de septiembre, se impugna el resultado del circuito plurinominal 5 de Carabobo y se anuncia la impugnación del circuito plurinominal 3 de Bolívar, en los que se eligen 6 diputados, 3 en cada caso. Se alegan diversas irregularidades entre el voto lista y el voto nominal y una supuesta sumatoria de más del 100% en el voto nominal, cuestión que es normal en el caso de los circuitos plurinominales, pero que no es del conocimiento público. La decisión del CNE, en lugar de explicar la situación y aclarar las dudas del electorado, fue la de eliminar los porcentajes en el voto nominal, sembrando aún más dudas en la transparencia del proceso y la confiabilidad de los resultados.

Las anteriores situaciones, son solo algunos ejemplos de irregularidades que comete el propio árbitro, todo sin contar, la imposibilidad de una auditoría independiente al REP, las denuncias de multicedulación y algunas otras fallas que empañan la credibilidad del CNE.

Me pregunto en ocasiones, si no es una situación premeditada por parte del propio gobierno en conjunto con el CNE para fomentar la radicalización de sectores de la oposición, al sembrar serias dudas sobre la viabilidad de una salida electoral a la crisis del país. Radicalización esta que beneficia ampliamente al sector oficial, que se alimenta del conflicto y la polarización, sembrando su mensaje de odio y división entre los venezolanos.

Es necesario, que como ciudadanos exijamos el nombramiento de nuevas autoridades electorales, que realmente sean imparciales y fomenten la confianza de todo el país. Un CNE que haga respetar la ley y que atienda las inquietudes de la ciudadanía fomentando la confianza y a su vez la participación ciudadana en los procesos electorales y en la vida política del país.

Francisco Javier Touceiro Rodríguez.C.I. V-17758887

Un reclamo justo, pero extemporáneo.

2010-04-27T14:37:00.001-04:30

La petición del ex precandidato al Circuito 2 del Estado Miranda, Carlos Vecchio, como es bien sabido por todos, sucumbió ante la candidata María Corina Machado en las primarias del pasado domingo 25 de abril.

Luego de este hecho, se ha presentado una diatriba en torno a que Vecchio debería ser el suplente del Preso Político postulado como candidato a este circuito y no Ángel Ojeda como decidió la Mesa de la Unidad. Una petición totalmente justa y apegada a la realidad, ya que es mayor la legitimidad que tiene el miembro de Voluntad Popular a la que posee la persona seleccionada por los cogollos de la oposición.

Sin embargo, la solicitud está totalmente fuera de lugar, ya que se presenta como se dice en el argot popular “agarrando aunque sea fallo”, es decir, como perdió las primarias, pues ahora si crítica la elección de Medina, entonces cabe la pregunta ¿Por qué no cuestionó la decisión desde un principio al ser anunciada por la Mesa?

La decisión de la Mesa fue producto de un acuerdo entre la cúpulas de dos de los principales partidos, AD y UNT, lo que le abrió el camino a María Corina Machado para conquistar la victoria en las primarias. Uno de esos acuerdos que nadie comprende y que no existe claridad en cuales fueron los parámetros para llevarlos a cabo.

Lamentablemente, se le ven las costuras a un sector de la oposición, por no decir toda. El movimiento de AD le garantiza que Medina sea diputado, para todos es claro, que Simonovis no podrá ser inscrito como candidato y allí radica el meollo del asunto, el negoción de Ramos Allup, que de gafo no tiene nada, este gran estratega, zorro viejo de la política.

Los presos políticos son una parte importante del discurso de la dirigencia opositora, pero a la hora de la chiquita, declaraciones como las dadas por el mandamás de AD esta mañana en un programa televisivo, demuestran que no es más que un negocio político, conseguir nombrar a tus fichas como suplentes de Presos Políticos, asegurando que estos a fin de cuentas serán diputados.

Francisco Javier Touceiro Rodríguez.
C.I. V-17758887

Expresarse es más difícil.

2010-02-16T01:37:00.001-04:30

En América Latina la situación de la libertad de expresión es sumamente delicada, en un considerable número de países observamos fuerte presión sobre la labor de los medios de comunicación, vemos como ejecutivos opresores intentan controlar los contenidos emanados por dichos entes, a través de rigurosas leyes que han sido sancionadas en varios países como Venezuela, Ecuador o Argentina. Despertando las airadas críticas de quienes como yo, consideramos a la libertad de expresión un derechos humanos fundamental, ya que no solo nos permite expresarnos y decir lo que pensamos o denunciar lo que consideramos está mal, sino que a su vez es garantía del derecho humano a estar bien informados acerca de lo que pasa en nuestro entorno.

Es así como en los últimos años se han recrudecido los ataques contra la prensa, cierre de medios de comunicación, canales de televisión, emisoras de radio o revistas. En la misma línea la violencia contra periodistas se ha elevado fuertemente y Latinoamérica ha pasado a ser el segundo continente más peligroso para el ejercicio del periodismo en cuanto a número de asesinatos, solo superado por Asia. A su vez, los ataques y agresiones contra los comunicadores sociales son auspiciados a través de los discursos violentos e irresponsables de las cabezas de gobierno en el continente, lo cual exacerba aún más el clima de hostilidad contra los periodistas.

Expresarse en las Américas es cada día más difícil, el hostigamiento contra la prensa que se ha venido desarrollando en los últimos años comienza a mostrar sus frutos, medios de comunicación blandengues, que lejos de cumplir con su rol, se prestan como cómplices en regímenes tendientes al autoritarismo y al control total de la sociedad en sus formas de expresión.

Sin duda, hace falta un cambio en los medio de comunicación, pero no el cambio que estamos viendo, hace falta un verdadero compromiso con la ética del periodismo. La prensa debe ser el fiel reflejo de lo que pasa en las sociedades, no el reflejo de grupos políticos o económicos con fuerte influencia debido al poder que ostentan. Los medios de comunicación deben ser eso, medios de expresión de las carencias y necesidades del pueblo, deben ser el reflejo de lo bueno y lo malo que pasa en nuestras sociedades, alejados de cualquier interés de grupo particular alguno.

Es así como debemos levantar nuestra de voz de protesta y clamar por medios de comunicación realmente libres e independientes, que cumplan con su verdadero rol, que es informar, veraz y objetivamente, e igualmente fungir como espacios recreativos para la población. En de vital importancia que los medios de comunicación tomen conciencia de lo que puede generar los contenidos emanados por los mismos. Podemos recordar el caso de Ruanda donde el irresponsable manejo de los medios derivo en una cruenta guerra civil de la que todos conocemos sus terribles consecuencias.

Debe ser un compromiso de todos, trabajar por espacios sanos de intercambio de ideas e informaciones, nosotros como ciudadanos debemos exigir respeto y tolerancia. Los gobiernos deben garantizar el libre ejercicio del periodismo así como el acceso sin restricciones a la información pública, que es la principal y más importante fuente de noticias para una sociedad.

Ninguna limitación a la libertad de expresión puede ser concebida en un estado democrático, los medios son el vehículo de la libre expresión y por ende ninguna presión o limitación a su actividad puede ser permitida.

Francisco Javier Touceiro Rodríguez.
C.I. V-17758887

Un Movimiento Inconsistente.

2010-02-11T13:04:00.001-04:30

La realidad actual del país exige contundencia y compromiso, constancia y consistencia en lo que se defiende o al menos se dice defender. En ese sentido girará este artículo. El Movimiento Estudiantil venezolano, contrario a las políticas del gobierno del Presidente Chávez, busca la paz, la reconciliación y el diálogo entre los venezolanos, todo esto enmarcado claro esta y como es bien conocido dentro de la No Violencia Activa.

Es así como vale la pena, recordar la labor de algunos movimientos estudiantiles pasados, como por ejemplo la Generación del 28, que surgió en medio de un régimen de represión y combate a la disidencia por vía de los cuerpos de seguridad. En aquel caso, el despertar de los estudiantes, desencadeno un movimiento nacional que sentó las bases para la instauración de la democracia años más tarde y cuyos dirigentes figuraron como máximos representantes de ese nuevo sistema de gobierno.

En la actualidad, el panorama si bien no se asemeja al del 28 en cuanto al nivel y la brutalidad de la represión, si es bastante delicado, ya que de forma lenta pero segura, se han venido coartando los derechos de los ciudadanos. En una especia de dictadura sofisticada, con guante blanco. Aunado a esto la situación general del país es de crisis, el sector eléctrico al borde del colapso, la inseguridad desbordada hace de las suyas a sus anchas sin que exista autoridad alguna que pueda controlar ese terrible flagelo, el racionamiento de agua que atenta contra la calidad de vida de los venezolanos, el alto costo de la vida, las constantes agresiones contra la empresa privada, junto con los elevados índices de corrupción a todos los niveles, conforman el contexto de la Venezuela actual.

Los estudiantes protestan por períodos, cada cierto tiempo los vemos salir y hacer lo que muchos no se atreven, lo cual tiene un profundo mérito y por ello se han ganado el alto nivel de credibilidad con el que cuentas. Sin embargo no todo son rosas, la falta de consistencia de estas expresiones de descontento popular, solo producen frustración dentro de la propia población universitaria, no por el tema del cortoplacismo, sino por la carencia de resultados visibles y tangibles de estas acciones, más allá de estudiantes, muertos, heridos o detenidos.

Las protestas estudiantiles están totalmente sustentadas por la tétrica situación que vive el país, pero las mismas carecen de objetivos y resultados claros. En este último caso, el detonante que lanzo de nuevo a las calles al Movimiento Estudiantil fue la salida del aire por segunda vez de RCTV. Esto detono las protestas, sin embargo no fue lo único, ni el principal motivo de las mismas, ya que existen problemas que impactan de forma más directa al ciudadano de a pie, que el simple hecho de tener un canal menos de televisión. Esto visto, desde la idiosincrasia del venezolano. Ya que obviamente la salida de un canal de televisión del aire va en detrimento de la libre expresión, tanto de periodistas como de ciudadanos, así como una violación del derecho a estar bien informados, como también una fuente menos de entretenimiento. Pero eso ya daría para otro artículo, que quizás me anime a escribir.

En conclusión, las protestas estudiantiles parecen ser una vía de desahogo ante la situación del país, pero que terminan causando más ahogo, o como dije anteriormente frustración dentro de la propia población universitaria, ya que no generan un impacto contundente que derive en decisiones del gobierno que busquen solución a los problemas que los llevan a la calle. Normalmente pasan una o dos semanas, cinco o seis actividades y el empuje y el esfuerzo se desvanecen. Se requiere de manera urgente y necesaria, un compromiso real de cambio y una mayor consistencia, que los mensajes perduren en el tiempo y que no veamos a un movimiento intermitente que protesta cada cierto tiempo y que ya la sociedad se está acostumbrando a que aparece y desaparece sin pena ni gloria.

A manera de cierre pregunto: ¿Es qué acaso las causas que motivaron al estudiantado a salir a las calles ya no existen, se desvanecieron o se resolvieron?

Francisco Javier Touceiro Rodríguez.
C.I. V-17758887

Carta del Prefecto de la Ciudad de Caracas, desde la Cárcel de Yare III.

2009-09-18T01:20:00.005-04:30

A mis compañeros de trabajo de la Alcaldía Metropolitana hoy castigados por el solo hecho de exigir derechos laborales. Encerrados entre rejas, en una de esas cárceles pavorosas de la que todos sabemos los riesgos que corren, les envío mi afecto, mi abrazo y mi solidaridad. Quisiera que todos nuestros compañeros que no están entre rejas, velen por los familiares de los detenidos de antes y de ahora.

Tengo fe en Dios, se que todo lo que he venido haciendo es buscando lo mejor para la gente que lo necesita. Nuestra lucha es por los más necesitados y debemos tener fuerza por aquellos que no son aptos para emprender caminos de justicia, en libertad y democracia.

Uno de los dones más preciados del ser humano es la libertad y no podemos desmayar por el bien de nuestros seres queridos. Estoy detenido y no deseo esto para ningún ser humano de bien.

A mi compañero de lucha Oscar: podrán apresarlo, pero no podrán acallar su voz. Estará retumbando en los cerebros de quienes pretenden ser sus esbirros.

Mi mensaje a todos los Venezolanos. Solo les pido mantenerse unidos, no dejen que la miseria de algunos los atormenten, busquen la manera de hacerles entender a los que hoy no logran ver, que ellos también serán presa de su indiferencia. Aprovechen la libertad para defender la de los otros, que al final será la libertad de ustedes. No esperen que vengan a buscarlos.

Debemos todos tener esperanzas que vendrán tiempos mejores, pero por desgracia algunos no entienden que la lucha requiere de gran resistencia y ética.

A los compañeros líderes políticos de la unidad y de la sociedad civil les digo que el pueblo sigue esperando que le guíen. Logro ver un nuevo despertar. Con el afecto de siempre y un fuerte abrazo.

Richard Blanco Cabrera
(Preso político)

11/09/2001. 8 años de la barbarie fundamentalista.

2009-09-11T02:58:00.003-04:30

Definiciones Urgentes.

2009-09-11T01:52:00.004-04:30

Ante la situación actual del país, muchos se preguntan ¿Qué hacer? ¿Cuál es el camino a seguir?, una pregunta que se repite a lo largo y ancho del país, todos esperan una guía para actuar, una estrategia a seguir.

En lo particular tengo mi respuesta clara y acerca de eso versará este artículo, que humildemente redacto el día de hoy, a 8 años por cierto, de los terribles atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos.

Bien, prosiguiendo con lo que les comente anteriormente, ¿Qué hacer?, lo fundamental es protestar, mantener la protesta activa y en la calle ante los atropellos del gobierno nacional, no retroceder, no ceder espacios, no caer ante las presiones del gobierno. El camino a seguir es la lucha pacífica y cívica, una lucha por la defensa de nuestros derechos constitucionales, civiles y políticos, una lucha por la libertad.

Una lucha que debe ser coherente y organizada, hoy leía una cita del escritor francés Denis Diderot: “No basta con hacer el bien: hay que hacerlo bien”, más apropiada imposible, para la situación actual, en donde cada quien lucha por su lado sin coordinación, ni unión. Cuando se meten con los buhoneros, salen los buhoneros, cuando agreden a damnificados, solo salen los damnificados, cuando persiguen periodistas, solo salen periodistas y un escueto grupo de la sociedad civil y así podemos seguir dando ejemplos. Estos reflejan la división de los venezolanos, cada quien defiende lo suyo, pero si al de al lado, le pasa algo, que vea como resuelve.

Ante este panorama es necesaria, la verdadera unidad, todos luchando por una misma causa, un país donde quepan todos, un país inclusivo, un país libre. Para ello es fundamental que las ansias de protagonismo y los intereses personales, sean sacrificados por el bienestar colectivo, es imperante, el esfuerzo mancomunado en pro de recuperar la libertad y el respeto a los derechos humanos y políticos de todos y cada uno de los venezolanos.

En este sentido y como he escrito anteriormente, es necesaria la alianza entre todos los sectores del país: partidos políticos, ong´s, gremios, estudiantes y sociedad civil en general. Un consenso de país que no es fácil de lograr, en una sociedad que es de pensamiento plural, pero cuya prioridad debe ser Venezuela y de allí, teniendo claro que la prioridad es el país, es mucho más fácil el aglutinamiento de seguidores y el fortalecimiento de la unidad.

Esa es la vía que creo adecuada en la actual coyuntura que vivimos. Sin embargo, existen otras alternativas y otras estrategias que se han planteado y que se manejan en la opinión pública, las elecciones a la Asamblea Nacional, aquí me detendré un buen rato a esgrimir mis objeciones a esta vía y mi falta de optimismo ante la misma.

En primer lugar, hace escasas semanas se aprobó la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que trae dos perlitas fundamentales: la primera, la sobrerrepresentación de las mayorías, con que se come eso, la agrupación política que gane las elecciones, supongamos que hipotéticamente el partido político A saca 50.01%de los votos obtendría el 85% de los curules, es decir en nuestra Asamblea Nacional de 167 escaños, obtendrían 142 diputados, en lo que representa una mayoría abrumadora y aplastante, muy similar a la existente en la actualidad; la segunda es la potestad que tiene el CNE, de modificar arbitrariamente a su criterio la conformación de los circuitos electorales, situación extremadamente grave, a través de la cual, se pueden combinar parroquias y/o municipios a fin de conquistar espacios que en la actualidad les son ajenos.

Adicionalmente, quien hemos trabajado en procesos electorales o estudiado el sistema electoral en Venezuela, sabemos y no es cosa nueva, las irregularidades y vicios de los cuales goza el mismo, una situación de vieja data, tradición heredada de la cuarta, repotenciada y modernizada en la quinta, si es que existe diferencia entre ambas.

Desde el Registro Electoral Permanente, con severos vicios e irregularidades, producto de las cedulación desenfrenada y descontrolada de ciudadanos, que permite la multiplicidad de identidades, así como la agrupación de miles de electores en una misma dirección, entre otras irregularidades menores, pero que en conclusión, generan una gran cantidad de “dudas razonables”, acerca de la idoneidad de ese padrón electoral.

Luego vamos al tema de la campaña electoral, que como es costumbre, es una salvajada en este país, los gastos en publicidad electoral son descomunales, más allá de esto y lo más grave aún, es la desproporción de la misma, la maquinaria oficialista, forra de publicidad las principales ciudades del país, usa ilegalmente los organismos e instituciones públicas con fines electorales, funcionarios públicos igualmente hacen proselitismo político pese a la prohibición legal que se los impide, mientras tanto el árbitro si es que se puede llamar así, se contagia con el nombre de la esquina en donde se ubica y pajarea durante toda la campaña, haciéndose la vista gorda, ante las irregularidades que normalmente suceden en las mismas.

Pasamos a las garantías del proceso electoral, auditorías antes, durante y después del proceso electoral, irregularidades que se repiten en cada proceso, extralimitación de funciones del plan república, propaganda política en los centros el día de la votación, intimidación en centros electorales por grupos oficialistas y un cuasi infinito etcétera, a los que el CNE nunca responde.

A todo aquel caldo de terror, en el que cocinan el guiso legislativo, debemos sumar, las actuaciones que seguramente emprenderá el funcionario más fantasmagórico de la actual administración, un señor que solo aparece para inhabilitar políticamente a ciudadanos, casualmente, en su abrumadora mayoría pertenecientes a la oposición política.

Luego de todo esto, que en un país decente no debería preocuparnos, o por lo menos no tanto, viene el tema de las candidaturas, algo bastante álgido y en donde a los partidos les falta mucho por madurar. Es estrictamente necesaria la presentación de candidatos únicos, que recojan el sentimiento de unidad nacional, no que sean el fruto de peleas internas de los partidos o entre los partidos o que surjan por imposición. Deben ser candidatos únicos en el sentido que exprese anteriormente en este artículo. Lo de tarjeta única o alianza perfecta, se lo dejo a los partidos a su libre criterio y decisión.

A pesar de todo lo expuesto anteriormente, no rechazó la vía electoral, dirán que soy tonto o que me volví loco. Sin embargo, no es así. Si decidimos, todos, ir a las elecciones el primero que estaré allí soy yo, pero eso sí, vamos y vamos con todo y con todos. Si en definitiva queremos ir a las elecciones, debemos ponernos a trabajar desde ya en ese tema, comenzando por exigir al Consejo Nacional Electoral, que cumpla con su trabajo de ente rector de los procesos electorales y que mantenga la imparcialidad, como es su obligación, que funja en definitiva como lo que es, un árbitro.

Trabajar duro y con todo en pro de esa meta, que debe ser ganar las elecciones, a la par de las exigencias institucionales que deben tener continuidad y seguimiento constante, se debe realizar un trabajo de hormiguita, a lo largo y ancho del país, recorriendo y pateando barrios y calles, organizando la defensa del voto, informando a la gente de la propuesta de país alternativa, llevando propuestas a las comunidades y oyendo sus necesidades y sugerencias, educando acerca de la importancia del voto como vía de expresión popular y por consiguiente fomentando la participación masiva de la población en esas elecciones.

La meta debe ser contraponer un proyecto distinto al actual, recuperando espacios y difundiendo el mensaje del cambio, cuerpo a cuerpo en contacto directo con la ciudadanía. Palpando el sufrimiento, las necesidades y carencias de la población. Expresar de manera franca, sincera y llana, el mensaje de que un país distinto es posible, ni la cuarta, ni la quinta, un nuevo país, basado en nuevos principios, fundado en nuevos ideales, donde disentir no sea un delito, donde el respeto a la Constitución no sea un sueño, donde la voluntad popular se respete, donde todos seamos iguales.

Ese es el mensaje y esa es la estrategia a seguir. Y ojo, como se puede observar, mi visión del camino y la ruta a seguir, es distinta a la electoral, en cuanto a que no es la prioridad, pero ambas vías pueden ir de la mano y conseguir el objetivo que es la reedificación de un país que en la actualidad se encuentra en ruinas y que día a día, van desvalijando sin pudor. La protesta coherente, continua y organizada, es necesaria para hacer presión sobre el gobierno y arrinconar sus pretensiones autoritarias, minando el camino a nuevas escaladas. Sin embargo, son importantes esas tres palabras, coherencia, continuidad y organización, sino caemos en la protesta aislada y circunstancial de siempre, que lo que hace es crear frustración y cuyos dividendos son nulos.

Repito la frase que cite anteriormente, “No basta con hacer el bien: hay que hacerlo bien” Denis Diderot.

Francisco Javier Touceiro Rodríguez.
C.I. V-17758887

Albúm de fotos de la Marcha del día de hoy hasta la Fiscalía General de la República.

2009-09-05T18:29:00.002-04:30

La justicia criminal.

2009-08-29T19:59:00.007-04:30

La destrucción de la justicia, como institución encargada de interpretar la ley y objetivamente y en igualdad de condiciones juzgar a los ciudadanos, a los que se presuma hayan cometido delitos, es un acto que debe llamarnos poderosamente la atención.

Más allá de su acepción política la cual tocaré más adelante, debemos reconocer lo delicado del asunto en cuanto a su repercusión en los índices de inseguridad. Una estadística acerca de los niveles de impunidad, denota la ineficiencia del sistema de justicia, de cada 100 delitos denunciados, solo 3 son investigados. Ante este sombrío horizonte, el hampa actúa a sus anchas, a sabiendas de lo difícil que será, que sean castigados por los delitos que cometen, impulsando a que los mismos se cometan cada día en mayor cuantía.

La inseguridad personal es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, como se denota claramente en todos los estudios de opinión a nivel nacional. Desde simples robos, pasando por hurtos de vehículos, secuestros exprés, secuestros propiamente dichos, tráfico de drogas (en grandes y pequeñas cantidades), entre otras modalidades; afectan duramente la paz y la tranquilidad de los venezolanos.

Sin embargo y ante una situación tan grave, las baterías del gobierno se enfilan en otra dirección, la de reprimir duramente a la disidencia política, algo en lo que la justicia venezolana controlada desde el Alto Gobierno, si es expedita y eficiente, son numerosos los casos en donde diversos actores políticos han sido perseguidos por la justicia, a fin de acallar sus voces disidentes.

De manera arbitraria y atropellada, se llevan a cabo procedimientos judiciales viciados que atentan contra los derechos consagrados en la Carta Magna. El Ministerio Público en los últimos días ha arremetido duramente emitiendo ordenes de captura en contra de diversos personeros políticos, tal es el caso del Prefecto de Caracas Richard Blanco, quien de manera intempestiva y abrupta fue detenido en medio de un desmedido despliegue policíaco, que mucho quisieran ver los ciudadanos, que viven en zonas populares y son azotados día tras día por la acción criminal del hampa.

Ante este panorama, no nos queda otra, sino exigir de manera contundente, la despolitización del sistema judicial, la represión firme al accionar del hampa y de los grupos delictivos. La meta de la justicia, debe ser juzgar de manera objetiva a los ciudadanos, basándose en el marco legal correspondiente, alejada de cualquier control o presión de ningún tipo.

Es necesaria una reestructuración del sistema de administración de justicia, es urgente la refundación de la institución jurídica. Dicho proceso debe comenzar por la remoción de su cargo, de la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, quien en reiteradas ocasiones ha esgrimido argumentos totalmente parcializados, a favor de una facción política, vulnerando el carácter ecuánime y objetivo que debe tener dicha figura.

Francisco Javier Touceiro Rodríguez.

C.I. V-17758887

Comunicado Conjunto de las Asociaciones de Egresados.

2009-08-28T02:16:00.004-04:30

Las Juntas Directivas de las Asociaciones de Egresados de las Universidades: Central de Venezuela, Católica Andrés Bello, Simón Bolívar, Metropolitana y Monteávila, nos dirigimos a la comunidad nacional para manifestar nuestra posición sobre Ley Orgánica de Educación (LOE), publicada en Gaceta Oficial el pasado 15 de agosto, por las implicaciones que tiene sobre las instituciones de educación superior, sustentada en los siguientes argumentos.

Consideramos que su promulgación atenta contra la Autonomía Universitaria, contradiciendo lo consagrado en el artículo 109 de la Constitución Bolivariana, por vía de los mecanismos que establece la LOE de: ingreso de estudiantes a las universidades (artículo 6, # 3, lit. l y art. 35, # 2); elección de las autoridades académicas (art. 34, # 3); financiamiento del subsistema de educación universitaria (art. 6, #5, lit. f y art. 35, # 1); ingreso y permanencia de docentes a las universidades (art. 35, #5); diseño de la carrera académica (ib # 6) y la reserva de algunas carreras que el Estado considere deban ser impartidas sólo en instituciones especialmente destinadas para ello (ib # 8).
Consideramos que la aprobación de leyes tan importantes como ésta debe soportarse en los fundamentos democráticos que se expresan en la Constitución Nacional relacionados con la necesaria búsqueda de consensos para su elaboración, por lo que se debió tomar en cuenta las múltiples opiniones, criterios y puntos de vista de diferentes actores de la sociedad venezolana y de la comunidad educativa como los que se expresaron antes de llegar a la redacción final de esta Ley.
Consideramos que la introducción de un nuevo tipo de organización de los estudiantes, bajo la figura de Consejos Estudiantiles, desconoce y minimiza el papel histórico desempeñado por los Centros de Estudiantes en los entes de cogobierno universitario, y los subordina a una normativa al efecto y la conveniencia del gobierno nacional.

En este sentido, apoyamos y respaldamos las acciones de las autoridades universitarias en su lucha para enfrentar los efectos de esta legislación y las acciones del Estado que contradicen las garantías otorgadas en la Constitución Nacional, para preservar la libertad de educación y exhortamos a la comunidad democrática venezolana a:

Estudiar detenidamente el contenido de la ley para comprender y divulgar su alcance y consecuencias.
Manifestar su respaldo a las diferentes iniciativas democráticas que los estudiantes, los Consejos Universitarios de nuestras Alma Mater y la sociedad civil, adelantan en pro de la defensa de los derechos que la Constitución Nacional otorga a todos los venezolanos para poder acceder a una educación integral de calidad, permanente, en iguales de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones (Artículo 103).

Caracas 28 de agosto de 2009.

El camino indicado.

2009-08-24T12:44:00.009-04:30

La actual situación del país, es por demás delicada. En todos los aspectos, la sociedad venezolana se ha visto visiblemente afectada, por las diversas medidas que ha tomado el gobierno del Presidente Hugo Chávez. Principalmente por el carácter de las mismas, que en lugar de atacar los problemas del país de manera integral a fin de obtener resultados positivos, ha ideado planes y programas superficiales, que si bien tienen un resultado inmediato, a la larga, se diluyen y pierden el impacto, como ha pasado con las diversas misiones sociales presentadas durante estos últimos diez años.

El panorama, sin ánimos de ser pesimista, es oscuro. Los diversos sectores del país se encuentran sumamente desmotivados, ante las diversas promesas de parte y parte, que siempre se quedan en eso, en promesas. De un lado el gobierno nacional, cuyos índices de eficiencia han ido decayendo considerablemente en los últimos tiempos, debido en parte a lo expresado anteriormente, así como por los altos índices de corrupción. Por el otro lado, tenemos a una oposición, en la cual, las ansias de protagonismo, cercenan cualquier tipo de programa conjunto, en pro de exigir de manera contundente la inclusión de toda la sociedad, en la discusión de políticas públicas eficientes, tan necesarias en los actuales momentos.

En consecuencia, el principal problema del país, es que, para ninguno de los dos sectores, la prioridad es Venezuela, unos luchan por mantenerse en el poder y los otros por regresar, pero solo por el simple hecho de ostentarlo, más no con la voluntad de trabajar por un futuro prospero y productivo, que saque al país del atolladero en el que se encuentra.

Es necesario abstraernos de la realidad política y ser pragmáticos. Trabajar juntos, verdaderamente unidos como sociedad, sin importar colores, ni creencias; unidos partidos políticos, con gremios, ong´s, estudiantes y la sociedad civil en pleno. Palpar verdaderamente a las bases y consultar con ellas, con el ciudadano llano, ¿Cuáles son sus deseos?, ¿Qué país quieren?, ¿Qué acciones proponen? Y partiendo de allí construir un gran consenso nacional, en el que se materialice una propuesta de país alternativa, a la mamarrachada que representa el “Socialismo del Siglo XXI”.

Si no realizamos estos esfuerzos y dejamos a un lado nuestros intereses personales, jamás y nunca, podremos llevar una voz enérgica y unificada, que tenga la suficiente fortaleza para presionar contundentemente al Alto Gobierno, a fin de exigir la apertura de espacios de diálogo y discusión, que permitan contrastar realidades y construir consensos, entre los más diversos puntos de vista que existen en el país.

Por el contrario, si seguimos como estamos, contribuimos a la decepción y al fomento de la apatía de la ciudadanía, que día tras día, evita más y más, la participación en la política, debido a que no percibe, ni palpa los resultados, de acciones aisladas, producto de esa “falsa unidad” que existe solo entre los partidos políticos. O cambiamos, o seguiremos en este mismo camino y en cada segundo que pasa, se seguirá consumiendo el futuro y las esperanzas de los venezolanos.

Francisco Javier Touceiro Rodríguez.

C.I. V-17758887

El Ministro de Educación y las mentiras de los medios.

2009-08-08T04:43:00.004-04:30

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Constitución de la República Bolivariana de VenezuelaEn tono airado y vulgar, el actual titular del despacho de Educación Héctor Navarro, arremetió contra los diarios “El Nacional” y “El Universal”, a quienes acusó de mentirosos y de jugar con la credibilidad del pueblo.

Todo surge luego de la publicación en el diario “El Nacional” en fecha 7 de agosto de 2009, de una nota firmada por la periodista Liliana Cortazzo, titulada “Proyecto de ley de educación incluye sanciones de la ley contra delitos mediáticos”.

En la mencionada nota, existe un error, supongo de transcripción, al afirmar: “El numeral 12 del artículo 49 del proyecto de ley de educación…” y se procede a citar el supuesto contenido del artículo, el cual esta errado, ya que se trata efectivamente del numeral 12, pero del artículo 50 del Proyecto de Ley Orgánica de Educación, actualmente en discusión.

Sin embargo debemos hacer una salvedad, que la citada periodista efectúa en su nota, “este texto no estaba incluido en el proyecto que se presentó la tarde del miércoles en la plenaria de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, acto que fue público, sino en otro documento que fue modificado a medianoche.” A lo que hay que agregar, que dicho documento aprobado a la media noche, no se dio a conocer públicamente por el ente oficial sino hasta la tarde de este viernes 7 de agosto, en el siguiente link de la página de la Asamblea Nacional, pulse aquí.

En ese sentido vale la pena destacar, lo difícil de cubrir la fuente parlamentaria, debido a las restricciones emanadas desde la directiva de la Asamblea Nacional, en la que se prohíbe la transmisión en directo vía microondas de las sesiones en el hemiciclo, así como en muchas ocasiones, se les prohíbe el ingreso al mismo y a las diversas comisiones y subcomisiones que forman parte de la estructura interna de ente legislativo. Sumado a esto, el proyecto en discusión actualmente, era desconocido incluso para los propios diputados de la Comisión de Educación, tal como lo denunciará la diputada Pastora Medina, quien afirmo que se estaba violando el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional en su artículo 147 que establece entre otros aspectos lo siguiente: “El proyecto de informe se imprimirá y distribuirá entre quienes integren la comisión, por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha fijada para su consideración. La discusión se realizará artículo por artículo.”

Como fue público y notorio, el proyecto de informe fue presentado y discutido el mismo día, aprobándose con una rapidez, que muy pocas veces es vista en la Asamblea Nacional y como observamos en franca violación del reglamento que rige la actividad parlamentaria.

No obstante a tal situación y ante la ausencia de una publicación oficial del Proyecto de Ley Orgánica de Educación, se coló a los medios, el proyecto, con la ausencia de los artículos referentes a los medios de comunicación y con numerosas faltas de lógica y redacción en el contenido de algunos artículos.

Como ya se mencionó, en horas de la tarde de este viernes, fue publicado oficialmente el proyecto en el cual aparecen, los artículos faltantes referidos a los medios de comunicación y adicionalmente la inclusión de un extenso artículo, en donde se establece el régimen sancionatorio de la Ley.

Todo este arroz con mango, no es más que producto de la mano negra y de la falta de claridad de parte del gobierno en los asuntos legislativos, la clandestinidad en el manejo de los proyectos de leyes y la consecuente falta de información pública accesible a los ciudadanos.

Así mismo, en el mencionado Reglamente Interior y de Debates, se establecen plazos, el mismo artículo 147 expresa lo siguiente: “Las comisiones que estudien proyectos de ley presentarán los informes correspondientes a consideración de la Asamblea en un plazo no mayor de treinta días consecutivos, contados desde la fecha de su recepción, a menos que por razones de urgencia la Asamblea decida un lapso menor.”

Situación que no se ha dado, puesto que el proyecto, fue aprobado en la Comisión más no ha sido presentado a la plenaria de la Asamblea, ya que será sometido a un supuesto parlamentarismo social de calle. Sin embargo ya se habla de 2da discusión en plenaria para la semana que viene.

Adicionalmente en su artículo 148 el reglamento determina: “Aprobado el informe para segunda discusión por la comisión respectiva y cuando así lo estime la Plenaria de la misma con el voto favorable de las tres quintas partes de sus integrantes, el asunto será remitido a la Comisión Ordinaria de Legislación a las fines de su revisión en lo que a estilo y técnica legislativa se refiere.

La Comisión Ordinaria de Legislación en el ejercicio de esta función contará con el apoyo de la Dirección de Investigación y Asesoría Jurídica y de la Dirección General de Investigación y Desarrollo Legislativo de la Asamblea Nacional, así como de las demás dependencias administrativas que sean requeridas.”

Esta votación no ha sido efectuada y por tanto la remisión a la Comisión Ordinaria de Legislación no se ha llevado a cabo, lo que se evidencia, al darle lectura al Proyecto, el cual cuenta con graves faltas en su redacción, que en ocasiones impiden su correcto análisis.

En la misma lista de omisiones el artículo 149 del reglamento establece: “Una vez recibido el informe de la comisión correspondiente, la Junta Directiva ordenará su distribución entre los asambleístas y fijará, dentro de los diez días hábiles siguientes, la segunda discusión del proyecto, salvo que por razones de urgencia, la Asamblea decida un lapso menor.

La segunda discusión del proyecto de ley se realizará artículo por artículo y versará sobre el informe que presente la comisión respectiva. El informe contendrá tantos puntos como artículos tenga el proyecto de ley, también se considerarán como artículos el título de la ley, los epígrafes de las distintas partes en las cuales esté sistematizado el proyecto y la propia ordenación sistemática.

Abierto el debate sobre algún artículo, cualquier asambleísta podrá intervenir en su discusión.”

Nuevamente observamos la extraña premura con que la Asamblea pretende despachar a tan importante tema, sin haberlo recibido en primera instancia, ya se habla de su segunda discusión y de su posible aprobación para la semana próxima, saltando todos los pasos y procedimientos establecidos en el Reglamento Interior y de Debates.

Todo lo anterior, es una muestra más de cómo se manejan los asuntos legislativos en el país, de espaldas a ese pueblo que tanto dicen defender y violando las diversas normativas vigentes dentro del seno de la propia Asamblea, aprobados por los mismos diputados que la componen y que supone uno como ciudadano común, deberían manejar.

Retomando el caso de las agresiones del Ministro en contra de los medios de comunicación, en lo que se ha convertido en una política gubernamental, la periodista Cortazzo, seguramente obtuvo el proyecto de alguna fuente dentro del mismo parlamento y realizo el análisis publicado en la nota de “El Nacional”.

En donde efectivamente como menciona el ministro existen algunos errores, como el que mencionamos anteriormente. En el programa “Dando y Dando” que transmite el canal oficial, el ministro visiblemente fuera de tono, cargo contra los diarios, generalizando la situación de los medios y contra la periodista, a quien incluso tildo de “inepta”.

"El periodista que hizo esto es un inepto, porque es un mentiroso, que debería ser enjuiciado por mentiroso" declaró el ministro. En ese mismo orden de ideas, expresó lo siguiente: "Este periódico debería ser cerrado por mentiroso...".

Si bien el ministro tiene razón al asegurar que lo que se establece en el actual proyecto de Ley Orgánica de Educación, fue tomado textualmente de la Ley Orgánica de Educación actual, vigente desde 1980, no creemos necesaria, la descalificación y el insulto en contra de la periodista que firma la nota y más aún en el contexto de clandestinidad con que se ha venido manejando el asunto referente a la legislación de la materia educativa.

El articulado de la discordia es el siguiente: en el actual proyecto, en su artículo 50, numeral 12 se establece lo siguiente: “Quienes dirijan medios de comunicación social están obligados a prestar su cooperación a la tarea educativa y ajustar su programación para el logro de los fines y objetivos consagrados en la Constitución y en la presente ley. Se prohíbe la publicación y divulgación de impresos u otras formas de comunicación social que produzcan terror en los niños, inciten al odio, a la agresividad, la indisciplina, deformen el lenguaje y atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano, la moral y las buenas costumbres, la salud mental y física de la población, en caso de infracción de estos, los órganos rectores en materia educación solicitarán a la autoridad correspondiente la suspensión inmediata de las actividades o publicaciones de que se trate, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones contenidas en el ordenamiento jurídico venezolano.”

En la Ley vigente lo anterior queda establecido en dos artículos, el número 11 que reza lo siguiente: “…Los particulares que dirijan o administren estaciones de radiodifusión sonora o audiovisual están obligados a prestar su cooperación a la tarea educativa y ajustar su programación para el logro de los fines y objetivos consagrados en la presente ley.

Se prohíbe la publicación y divulgación de impresos u otras formas de comunicación social que produzcan terror en los niños, inciten al odio, a la agresividad, la indisciplina, deformen el lenguaje y atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano, la moral y las buenas costumbres. Asimismo, la ley y los reglamentos regularán la propaganda en defensa de la salud mental y física de la población”.

Y en al artículo 127 que establece: “En caso de infracción de las disposiciones contenidas en el artículo 11 de esta ley, el Ministerio de Educación solicitará de la autoridad correspondiente la suspensión inmediata de las actividades o publicaciones de que se trate, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones contenidas en el ordenamiento jurídico venezolano.”

En ambas leyes, efectivamente el procedimiento es el mismo, con lo cual quedaría desmentido en cierta forma el título de la nota: “Proyecto de ley de educación incluye sanciones de la ley contra delitos mediáticos”, expreso que queda desmentido en cierta forma, debido al lenguaje y respuesta del ministro, quien arremete con fuerza y vehemencia sin respetar si quiera la condición de mujer de quien firma la nota. Les anexo el link del video de la intervención del ministro Navarro en el programa referido, pulsa aquí, a fin de que ustedes mismos se hagan una idea de la forma de expresarse de este ciudadano (minutos 7:09 en adelante).

Efectivamente, no hay cambios en el texto jurídico, del vigente al nuevo que se está proponiendo, pero el cambio, se gesta en quien se encarga de impartir justicia. En pocas palabras es lo mismo, si no te agarra el chingo (texto de la ley), te agarra el sin nariz (quien imparte justicia).

En fin, la forma en que se juzga a la periodista de “El Nacional”, es absolutamente tosca y torpe, existen mecanismos, como el derecho a réplica consagrado en la Constitución Nacional en su artículo 58: “La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral.”

Adicionalmente, podría con total normalidad, criticar al periódico y específicamente a la nota publicada en el mismo, demandando su rectificación, a fin de evitar que la misma, distorsione a la opinión pública.

Ahora bien, no vemos al ministro, reclamando airada y contundentemente en defensa del debido proceso legislativo en la discusión de una ley tan importante para el futuro del país, a fin de que se garantice el derecho de todos los venezolanos a participar activa y realmente en la misma. No vemos al ministro haciendo gestiones a fin de que todos los sectores de la sociedad sean escuchados, para de esta forma lograr un texto plural en el que se incluya a todos los venezolanos.

Todo lo anterior no es sino una muestra más, del doble rasero, de la doble moral de los funcionarios gubernamentales, quienes dicen defender la legalidad, pero a su vez arremeten y violan todo el ordenamiento jurídico vigente, vulnerando la integridad de los ciudadanos.

Las actitudes de funcionarios, como este ministro, dejan mucho que desear de la administración pública en Venezuela, si así actúan enfrente a las cámaras de televisión, que no dirán y que cosas no harán cuando no esté el ojo ciudadano sobre ellos. Los atropellos y abusos de poder, de quienes hoy están en el gobierno deben ser juzgados y castigados, cuando la administración actual concluya, de cualquier forma, por la vía electoral, en la cual no creo, ni en la que confió, o por la protesta cívica de los ciudadanos en contra de un régimen que vulnera día a día la Constitución y las leyes, persiguiendo sistemáticamente a la disidencia y llevando al país a una coyuntura aún peor de la que se vive actualmente y que podría derivar en una situación lamentable, en la cual los ciudadanos de este país no queremos caer.

Francisco Javier Touceiro Rodríguez.
C.I. V-17758887

Análisis del Proyecto de Ley Orgánica de Educación. I Entrega | Olga Ramos (Asamblea de Educación).

2009-08-06T15:10:00.006-04:30

Comentarios al texto de Ley Orgánica de Educación presentado el 5 de agosto de 2009 ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional

Primera parte/Olga Ramos

Ayer, 5 de agosto de 2009, los Diputados de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, fueron sorprendidos al entregárseles, casi directamente para la discusión, el tan esperado proyecto de Ley Orgánica de Educación. Obviamente, la sorpresa fue debida a que, hasta antes de ayer, no era conocido, ni por el país, ni por ellos, articulado alguno, a pesar de que en reiteradas oportunidades, la presidenta de la comisión, Diputada María de Queipo, anunció que esta semana lo presentaría ante la plenaria de dicha comisión para su discusión. Como era de esperarse, el articulado traspasó las paredes de la Asamblea y se encuentra colgado, en este momento, en diversas páginas en Internet. Sin embargo, no se trata del texto definitivo, sino de una propuesta de informe para segunda discusión que será debatido por la Comisión y posteriormente sometido a “consulta” a través del denominado “parlamentarismo de calle”.

Frente a lo sucedido y frente al articulado que aún se encuentra en debate, es importante hacer algunas consideraciones -sobre la forma y sobre el fondo-, una exigencia y una propuesta. Dado lo extenso de las consideraciones, comenzaremos por la exigencia y la propuesta. Adicionalmente, se aclara que esta es una primera entrega, en la que se hacen las consideraciones sobre la forma en que se está desarrollando el proceso, pero se tocan los aspectos de fondo de los primeros artículos, dejando para próximas entregas, las demás consideraciones.

I. La exigencia: Dado que el proceso de conversaciones sostenidas por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional con algunos representantes de diversos sectores del país, se hizo sin tener el documento del informe para la segunda discusión elaborado, y que, de acuerdo a lo afirmado por los miembros de la Comisión, la revisión que se inició ayer dará como producto un texto que se someterá al denominado “parlamentarismo de calle”, es imperativo que la mencionada comisión, publique y distribuya a nivel nacional el texto del informe para la segunda discusión, una vez sea terminada su elaboración y con él, se de a conocer y se distribuya el cronograma de consulta al que será sometido, incluyendo los diversos mecanismos de participación que se estipulen para ella. También es imperativo que el lapso para realizar la consulta cuente con el tiempo suficiente para permitir la participación y el intercambio de todos los sectores sociales interesados y de la ciudadanía en general y que los mecanismos sean incluyentes, esto es, que permitan la más amplia participación de los ciudadanos y las organizaciones, garantizando que no exista ningún tipo de discriminación.

II. La propuesta: Dada la naturaleza estratégica de la ley que está en discusión, se requiere que no solamente los Diputados de la Comisión de Educación conozcan los diversos puntos de vista que tengan los distintos actores sociales con respecto al texto propuesto, por tanto, se propone que se programen, como parte del proceso de consulta en el marco de la elaboración del informe para segunda discusión, una serie de debates en los que se presenten los diversos puntos de vista y que éstos sean transmitidos por radio y televisión para garantizar su mayor conocimiento y difusión a nivel nacional.

III.1. Las consideraciones: en cuanto a la forma

1. El documento que se está discutiendo no toma como base el proyecto aprobado en primera discusión, tal como se establece en la técnica legislativa. Un informe para segunda discusión debe contener el proyecto aprobado en primera discusión y hacer las modificaciones al articulado propuesto, a partir del ya aprobado. Esta no es la forma que tiene el texto que se está discutiendo actualmente en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional.

2. La propuesta, en primera instancia, hace un cambio de espíritu que no estaba contemplado en el proyecto aprobado en primera discusión, ya que convierte a una Ley Orgánica que norma los aspectos de definición y funcionamiento del sistema educativo, en una Ley Marco que contiene unas disposiciones generales y deja el desarrollo de la normativa en manos de leyes especiales y si bien, las leyes especiales también deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional, como instrumentos jurídicos no tienen el rigor de las leyes orgánicas, específicamente en cuanto al quórum que requieren para aprobar el articulado.

3. En cuanto a los detalles de forma, es importante resaltar la observación hecha por la Diputada Medina. El documento se entregó a los diputados, sin la antelación correspondiente que les permite estudiarlo para poder participar con propiedad en la discusión, lo cual viola el reglamento de interior y de debates de la Asamblea Nacional.

4. Y finalmente sobre la forma, es importante precisar que es más que obvio que el proyecto entregado a la Comisión de Educación, es un borrador de trabajo. Esto se nota claramente en su estructura, en la que se omiten, al menos, el Capítulo I del primer título y el Título II completo. Además, en la versión que pude conocer, hay unos elementos agregados y resaltados en rojo, lo que denota que está siendo sujeto a revisión y modificación.

III.2. Las consideraciones: en cuanto al fondo

1. El documento, como era de esperarse, plantea en su primer título algunos conceptos y principios que permiten definir a la educación y al sistema educativo. Sobre algunos de ellos es importante precisar que:

a. Se establece el objeto de la ley, el cual, en términos generales se ajusta al ámbito que le compete a un texto de esta naturaleza. Sin embargo, parece tener un problema de redacción, ya que la ley puede desarrollar los principios rectores de la educación y decir que el Estado la asume “como función indeclinable y de máximo interés” (frase tomada textualmente del artículo 102 de la Constitución), pero no puede decir que desarrollará los derechos, garantías y deberes de la educación, sino que desarrollará los derechos, garantías y deberes educativos de los ciudadanos, ya que son los ciudadanos los sujetos de derecho y no la educación, esta es sólo una materia en la que se establecen derechos, garantías y deberes en el texto constitucional que deben ser desarrollados en la ley orgánica que rige la materia.

b. Adicionalmente, en la definición del objeto de la ley se establece que ésta se desarrollará “de acuerdo a los principios constitucionales y orientada por valores éticos humanistas para la transformación social”. Al respecto, es importante precisar que es absolutamente correcto decir que la ley desarrollará los principios y los derechos, garantías y deberes relativos a la educación de acuerdo con los principios constitucionales, pero no lo es, afirmar que ellos se orientarán “por valores ético humanistas para la transformación social”, ya que, los valores que deben orientar lo que establezca esta ley, son los contenidos en el texto constitucional en su primer título que es el que recoge los “principios fundamentales” (artículos del 1 al 9) y en los artículos del capítulo relativo a los “derechos culturales y educativos”. En ninguno de esos artículos se hace mención específica a los “valores ético humanistas para la transformación social” y si se mencionan explícitamente como “valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación (del Estado venezolano), la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (artículo 2). Este último, el pluralismo político, es desarrollado en el marco de los “derechos culturales y educativos”, específicamente en el artículo 102, cuando se establece que la educación “está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento”. Esta precisión se hace imprescindible, debido a que, puede sonar muy bonito o ser un propósito muy noble el que la educación sea orientada “por valores éticos humanistas para la transformación social”, incluso, puede formar parte de la tradición de un grupo de educadores del país, pero se trata de una disposición que circunscribe a la educación a un ámbito de ideas específico, lo cual resulta violatorio de lo establecido en el texto constitucional.

c. Se registra un cambio en el ámbito de aplicación de la ley, con respecto a lo aprobado en la primera discusión, ya que este se amplía de las instituciones y organismos que conforman al sistema educativo a toda la sociedad en su conjunto, lo cual es absolutamente natural, debido a que en el texto se regulan aspectos que atañen a instituciones, organismos y personas que no forman parte directa o formal del sistema educativo.

d. Es importantísimo señalar, en este artículo (2), que se retoma la lógica estructura del Estado establecida en la Constitución reconociendo a las instancias estadales y municipales con las escuelas bajo su dependencia, así como la existencia de las instituciones educativas de gestión privada.

e. En el artículo 3 de la propuesta, el relativo a los principios y valores rectores de la educación, en lugar de presentarse un enunciado claro y estructurado de principios y valores, se presenta un listado de términos, sin orden ni estructura, de diferente naturaleza, que parece lista de mercado. Esto lo señalo con toda seriedad. La naturaleza de lo que se pretende recoger en este artículo amerita más trabajo y mejor definición. Además, amerita la selección de aquellos principios y valores que se consideren efectivamente como los rectores de la educación y los principios deben estar redactados como tales y no como un puñado de términos inconexos.

f. El artículo 4 presenta una definición de Estado Docente, que, como se deduce de las notas resaltadas en el texto, aún se encuentra en debate y por tanto, se espera que no tenga esa redacción como definitiva, ya que, poniendo a un lado los comentarios que se puede hacer sobre el fondo, el mismo requiere que la redacción sea corregida y no se trata de una corrección de estilo precisamente. En este se define a la educación como un derecho humano universal, como un deber social fundamental, inalienable e irrenunciable y como un bien público. Estas definiciones deben pasar a formar parte de un artículo precedente que bien podría ser el que recoge los principios rectores, pero no debe formar parte de la definición que se haga del Estado Docente. Sin embargo, sobre ellas, específicamente sobre las dos primeras, cabe decir que lo establecido en la constitución es que la educación es “un derecho humano universal” y “un deber social fundamental”, los adjetivos asociados a estos términos resultan redundantes en materia de derechos humanos y pueden ser suprimidos.

g. Con respecto a la definición de Estado Docente contenida en este artículo, se establece el carácter rector del Estado en la educación y que éste, su carácter rector, se expresará garantizando las condiciones de desarrollo del proceso educativo en las instituciones oficiales y velando por el cumplimiento de las mismas en las instituciones privadas. Esta es una definición que se ajusta no sólo a lo establecido en la Constitución sino que es la misma que se encuentra en la Ley Orgánica de Educación vigente. Sin embargo, se queda corta con respecto a lo establecido en la Constitución en su artículo 103 que adicionalmente compromete al Estado a crear y sostener instituciones educativas con el propósito de garantizar tanto el acceso, como la permanencia y la culminación en el sistema educativo. Esta precisión es sumamente importante, debido a que, como es por todo el país conocido, la oferta educativa actual, no permite que se cumpla con la obligatoriedad de la educación, ya que, a medida que se avanza en el sistema educativo, se restringe la oferta, resultando que quiénes culminan con éxito el sexto grado tienen restricciones de acceso por déficit en la oferta educativa, en el séptimo grado y lo mismo sucede en el paso entre el noveno grado y el primer grado de educación media.

h. Por otra parte, la definición de las responsabilidades del Estado con respecto a las instituciones educativas oficiales, presenta un problema conceptual. En el texto se dice que los servicios educativos deben asegurar a todos “igualdad de condiciones y oportunidades” y es más que evidente que si se asegura la igualdad de condiciones, no se logrará la igualdad de oportunidades y viceversa, si se asegura la igualdad de oportunidades, esta no corresponderá a un servicio que se brinde en igualdad de condiciones. Sin embargo, esta contradicción del texto de la propuesta, es heredada de la misma contradicción presente en el artículo 103 de la Constitución. Por lo que, al tener un problema de origen, el texto de la Ley debe tratar de desarrollar lo establecido a nivel Constitucional, preservando el derecho de una educación integral, de calidad y permanente para todos que es el propósito del enunciado de ese artículo, en lugar de repetir la redacción conservando el contrasentido de la frase.

i. Finalmente, en este artículo se establece como parte de las garantías que corresponden al Estado en su función rectora “la promoción de la participación protagónica de las familias, la comunidad educativa y las organizaciones comunitarias, de acuerdo a los principios que rigen la presente Ley”. En este enunciado no queda claro a qué se refiere la promoción de la participación protagónica de las organizaciones comunitarias en las instituciones educativas oficiales, ya que, en los principios constitucionales esta no se establece, tampoco se establece en los artículos relativos a los derechos culturales y educativos y ni siquiera se puede deducir del listado de principios y valores rectores que contiene el proyecto en su artículo 3.

j. El artículo 5 que contiene las competencias del Estado, es uno de los puntos centrales de atención de esta propuesta. En él se establecen los límites de la actuación del Estado a través de los diversos órganos que tengan competencias en educación. En este caso, cabe resaltar que se mantiene la idea de una estructura que respete el carácter descentralizado que establece al Estado la Constitución nacional. Sin embargo, se trata de un artículo largo, complejo y abundante en verbos que merece ser analizado con mucho detenimiento. Como parte de las competencias del Estado, se establecen algunas cosas que éste debe garantizar, otros que regula, supervisa y controla, más otros que planifica, ejecuta y coordina, pero también se precisa su rol como promotor y facilitador de la participación social y como promotor de la integración regional y “universal”. Como se trata de un artículo muy largo y complejo, sólo llamaré la atención sobre algunos de sus ordinales:

i. En su primera parte, se establece que el Estado debe garantizar el pleno ejercicio del derecho a una educación integral, permanente y de calidad, sin discriminación y que será gratuita en todas las instituciones oficiales. Los ordinales en los que establecen esto parecieran apuntar a garantizar la inclusión total en el sistema educativo. Sin embargo, el ordinal siguiente, está dedicado a garantizar la permanencia de las misiones educativas “como una estrategia de inclusión social”. ¿Esto significa que, no importan todos los esfuerzos que se hagan en el sistema para garantizar educación de calidad para todos, la exclusión será una constante del sistema educativo, para lo que se requiere de un mecanismo compensatorio o sistema paralelo que permita solventar parcialmente, pero de forma permanente, una presunta falla estructural del sistema? ¿Esto también significa que los primeros ordinales de este artículo, nunca van a apuntar a que el país asuma como metas 100 % de cobertura y reducir la expulsión del sistema a 0, porque el Estado no podrá asumir los compromisos que surgen en consecuencia, porque este debe garantizar la permanencia de las misiones? El empeño de algunos funcionarios del gobierno por dar reconocimiento y rango legal a las misiones, hacen que se planteen disposiciones que rayan en lo absurdo, como esta.

ii. Entre las cosas que el Estado debe garantizar, se encuentra una que, tal como está redactada, puede utilizarse para violar el derecho a la protesta de estudiantes y docentes. Lo copio textual para que lo vean: La continuidad de las actividades educativas, en cualquier tiempo y lugar, en las instituciones, centros y planteles oficiales nacionales, estadales, municipales, entes descentralizados y las instituciones educativas privadas.

iii. El ordinal relativo a los medios de comunicación en la sección de las cosas que debe garantizar el Estado, mejora con creces lo establecido en la Ley Orgánica vigente. (Las condiciones para la articulación entre la educación y los medios de comunicación, con la finalidad de desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad para hacer preguntas y construir mediaciones de forma permanente entre las familias, la escuela, y la comunidad) Claro, esto está matizado en el ordinal “c” de la sección 4, cuando habla de que este rol del Estado se desarrolla también “universalizando y democratizando el acceso a los Medios de Comunicación”

iv. Si bien, en la primera parte de este artículo, es decir, la que establece lo que el Estado garantiza, se habla del pleno ejercicio del derecho a una educación integral, permanente y de calidad, no se establece por ninguna parte la obligatoriedad del Estado a prestar el servicio o a garantizar que se preste en cantidad suficiente acorde con la magnitud de la población, pero en la segunda sección, en la que se establece lo que el Estado regula, supervisa y controla, el primer ordinal está dedicado a decir que éste establecerá los mecanismos para “exigir” que “la comunidad, familias, padres, madres y representantes”, cumplan con el deber social. Y está muy bien que el Estado vele por el cumplimiento de ese deber, pero primero tiene que garantizar el derecho, si no lo garantiza en cantidad suficiente como para que toda la población pueda disfrutar del mismo, no puede obligar a nadie a cumplir con él.

v. En este mismo orden de ideas, en un próximo ordinal, en esta misma sección, el Estado regula, supervisa y controla, la creación y funcionamiento de las instituciones educativas, pero no garantiza su creación y funcionamiento en cantidad suficiente de acuerdo a la demanda de la población.

vi. En sus competencias, este artículo, añade a las existentes, varias que restringen la libertad de gestión de las instituciones educativas privadas, así como el poder de los padres para tomar decisiones en materias relativas al financiamiento y por tanto, características de la oferta educativa de ese tipo de organizaciones. Resaltan: la regulación, supervisión y control de los procesos de ingreso, permanencia, ascenso, promoción y desempeño de los docentes, la idoneidad académica de los mismos, en el Subsistema de Educación Básica, la gestión de estas instituciones “con la participación protagónica de toda la comunidad educativa” y “el régimen de fijación de matrícula, monto, incremento, aranceles y servicios administrativos que cancelan las estudiantes y los estudiantes o sus representantes en las instituciones educativas privadas” prohibiendo la existencia de figuras complementarias a la organización educativa, ya que las mismas son vistas y previamente catalogadas como, mecanismos “para ejercer coerción, en la cancelación de montos superiores a los establecidos por el órgano rector y demás entes que regulan la materia”

vii. En la sección siguiente, la relativa a la planificación, ejecución y coordinación de políticas y programas se hace un listado de todas las cosas que el Estado planifica, pero se mezcla con el concepto que esperan tengan algunos de los programas que éste adelantará. Esto incluye la actualización curricular, en la que no se menciona la participación de la sociedad en la discusión de la misma (no se menciona en esta sección ni en la siguiente, relativa a la participación); los términos del tipo de formación que se persigue, en los que se habla de la incorporación de las personas al trabajo “productivo, coorperativo y liberador”, prefigurando una cualidad del trabajo productivo restringida a esquemas de organización cooperativos; la mención a un nuevo modelo de escuela que está “definido” como un espacio “abierto” para una gran cantidad de cosas que si se hacen como derivación del trabajo pedagógico, pudieran tener cabida, al menos parte importante de ellas, pero que si ellas son el punto de partida para definir el rol de la escuela, harían que se perdiera el centro educativo que debe tener este tipo de organización. De igual manera se incluye entre los ordinales de esta sección, uno que contiene una extensa lista de términos con los que se pretende describir el tipo administración educativa que se quiere alcanzar, pero como en las otras disposiciones en las que lo que se establece es una larga lista de cosas, esta carece de orden y concierto y debería reducirse y expresarse de forma más concreta para que sirva realmente como referencia útil para su instrumentación.

viii. En esa misma sección se establece como competencia del Estado la formación de los docentes, pero también de todas las organizaciones que participan en la educación (esta disposición no se entiende, salvo que se trate de establecer un programa de formación permanente, por ejemplo, de los padres, o de los medios de comunicación, que son personas y organizaciones que participan en la educación, tal como se precisa en ese ordinal); el establecimiento con rango de ley de la municipalización de la educación universitaria y el ingreso de los estudiantes de las instituciones oficiales y privadas en este nivel del sistema (por cierto, que llama la atención el que se hable, en el ordinal relativo al ingreso de los estudiantes, de instituciones “nacionales” en lugar de oficiales, dado que se apuesta por la política de “municipalización”.

ix. Finalmente, en esa sección se encuentra un texto, resaltado en rojo (en la versión que a mi me llegó) que dice al final “revisar” en la que se establece que el Estado llevará a cabo programas y políticas que “que desarrollen el proceso educativo en instituciones oficiales y privadas, nacionales, estadales, municipales, entes del Poder Público, medios de comunicación, instituciones universitarias públicas y privadas, centros educativos que funcionen en entes descentralizados e institutos autónomos”, que, honestamente, y muy respetuosamente, no dice nada y puede decir cualquier cosa, por lo que se requiere, que en la revisión que se sugiere entre paréntesis, se incluya la precisión de esta disposición.

x. La promoción y facilitación de la participación social, que está desarrollada en la cuarta sección de este artículo, se restringe a la gestión educativa, se desarrolla a partir de las instituciones educativas, e incluye la contraloría del funcionamiento del sistema, pero no incluye la formación de las políticas públicas tal como reza en el artículo 62 de la Constitución.

xi. En su última sección, este artículo desarrolla las competencias del Estado en materia de integración cultural y educativa, en los ámbitos regionales y “universales”(¿?) En ella, establecen algunos elementos que llaman poderosamente la atención. El primero de ellos es que se promueve el intercambio, para fortalecer la identidad de nuestros pueblos “latinoamericanos, caribeños y africanos”. Además, se habla de la integración privilegiando “una relación geoestratégica con el mundo” y de la creación de un “nuevo orden comunicacional para la educación”. Obviamente, cónsona con la visión que tiene actualmente el gobierno, de su rol estratégico en la integración regional y en la creación de un nuevo orden mundial, se colocan frases en la ley que pudieran facilitar algunas iniciativas del gobierno en ese campo, pero que se encuentran totalmente descontextualizadas en esta propuesta de ley.

Hasta aquí los comentarios de esta primera entrega. En unas horas, un nuevo avance.

Olga Ramos (olgaramos62@gmail.com)

Asamblea de Educación (asambleadeducacion@gmail.com)

6 de agosto de 2009

Fuente.

Diosdado Cabello anuncia salida del aire de 34 emisoras en todo el país.

2009-07-31T20:55:00.002-04:30

Conatel anunció este viernes las primeras 34 decisiones sobre los procedimientos administrativos abiertos a emisoras radiales por presuntps incumplimientos a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. La decisión implica la salida del aire de las distintas estaciones que operan en al menos, once estados del país.

En rueda de prensa a la que no se le permitió el acceso al equipo de Globovisión, RCTV Internacional ni Canal I, el ministro de Obras Públicas y Vivienda al cual está adscrito Conatel, Diosdado Cabello, anunció que visitaron a algunas de estas estaciones para notificarles la decisión y les “cerraron las puertas”.

“Algunos cerraron las puertas pero no hay manera de cerrarle las puertas a la Ley. Esto tiene que ver con una potestad legítima del Gobierno nacional como administrador del espectro radioeléctrico”, señaló.

Al ser consultado sobre cuál sería la repercusión inmediata en las transmisiones, Cabello fue enfático. “¿Qué va a pasar? Tienen que apagar los transmisores inmediatamente. A pesar de que cerraron las puertas, es una autodefensa que no va a servir de mucho. Esto ya al ser anunciado es público notorio y comunicacional”, señaló.

El ministro especificó que el procedimiento para la salida del aire sería "sencillo". "Ya firmé las decisiones. Conatel va al estudio de cada emisora, se les notifica e inmediatamente debe cesar las transmisiones. Algunos nos cerraron las puertas (...) Esta situación hay que enfrentarla y repito, no es para perseguir a nadie", señaló.

Agregó que si alguno de los transmisores a las que les fue retirada la concesión se resiste a la medida, podría ser objeto de nuevos procedimientos. "Con respecto a los equipos, la Ley es clara. Si por ejemplo Diosdado Cabello es notificado apago mis equipos, mi transmisor y listo. Pero si sigue al aire, yo le abro otro procedimiento por uso ilegal y allí si viene el decomiso de los equipos", enfatizó.

Indicó que las 34 decisiones fueron tomadas por diversas causales: fallecimiento del anterior titular, renuncia a la concesión o vencimiento de la concesión. Las estaciones se ubican en al menos once estados distintos del país. Cabello hizo el exhorto a quienes no estén de acuerdo con las decisiones tomadas a acudir al Tribunal Supremo de Justicia para oponerse a estos procedimientos y no descartó que estas frecuencias sean reasignadas.

Respecto al diálogo con los radiodifusores, señaló que la posibilidad siempre ha estado presente pero que no tiene sentido “sentarse con la directiva de una cámara de radio que no representa a los radiodifusores”.

Entre las estaciones se encuentran: Amazonas, 1130, 107.5 Órbita y Orbita Canal 7. En Distrito Capital, 102.3. En Falcón, CNB 100.1, 96.1 Y 93.7 de Punto Dijo. En Guárico 99.1; en Mérida, 106,3. En Carabobo, 100.1. En Miranda, 1520, 97.1 y 1.550 AM (pertenecientes al monseñor Bernardo Heredia), 92.1 de Charallave. Radio Barlovento 1230. En Upata, Canal 7 . En Puerto Cabello, 98. 3; en Nueva Esparta 99.1 y 92.9. En Táchira, 94.5 MH. En Vargas, canal 26 UFH Catia La Mar. En Táchira, 94,5. En Zulia, 102.1, 1430 en Ciudad Ojeda y 1300 en Santa Cruz de Mar.

http://www.globovision.com/news.php?nid=123396

Francisco Javier Touceiro Rodríguez.
C.I. V-17758887

Súmate dice que AN desconoció observaciones a la Ley de Procesos Electorales.

2009-07-31T06:57:00.004-04:30

Súmate denuncia ante el país que la población venezolana desconoce el informe del proyecto de ley Orgánica de Procesos Electorales que comenzó a debatir hoy la Asamblea Nacional, en segunda discusión, en el cual se ignoraron los aportes, consideraciones y observaciones formuladas por la sociedad en las diferentes consultas realizadas por el órgano legislativo así como en distintos foros organizados por las más variadas asociaciones civiles, ONGs y grupos de expertos en el área electoral.

"Esta organización ciudadana considera que esta conducta es la mayor de las pruebas de una política legislativa sesgada a la visión impuesta por el partido del gobierno por encima del bienestar de la democracia venezolana, ante una ley que definirá el tipo de convivencia social que tendremos en los próximos años", afirmaron.

También deplora que se esté llevando a cabo esta segunda discusión sin que se haya escuchado al país, prueba de ello lo constituyen las distintas poblaciones de los estados Barinas y Trujillo, las cuales se quedaron esperando por la consulta de este instrumento, anunciada por la Comisión de Participación Ciudadana de este parlamento el pasado 14 de este mes.

Al aprobarse, esta tarde, el artículo 8 del nuevo instrumento jurídico, que consagra que el sistema electoral venezolano es de ahora en adelante “un sistema paralelo” para la elección de los cuerpos legislativos, se intenta darle una aparente legalidad a un sistema electoral de representación mayoritaria, que viola el principio de representación proporcional consagrado en los artículos 63 y 293 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como le fue explicado a la Asamblea en las escasas consultas realizadas y como ha sido ampliamente divulgado a la opinión pública.

Según explica Súmate, es insustentable el argumento de la Asamblea de cumplir con el principio de la personalización del sufragio con los cargos nominales y con el principio de representación proporcional únicamente para las listas de partidos, pues carece de lógica que la representación proporcional aplique a su vez sólo a una porción de los cargos en disputa.

Súmate le recuerda a los parlamentarios que se deben al país y no a una parcialidad política coyuntural, por lo cual les reclama la aprobación de una ley electoral en sintonía con las demandas y necesidades de un pueblo verdaderamente democrático y respetuoso de la Constitución Nacional.

http://www.globovision.com/news.php?nid=123296

Francisco Javier Touceiro Rodríguez.

C.I. V-17758887

Ante la Ley de delitos mediáticos.

2009-07-31T06:41:00.003-04:30

El Colegio Nacional de Periodistas quiere hacer un nuevo llamado de alerta a todos los venezolanos ante las terribles consecuencias que para la vida cotidiana de todos tendría la eventual aprobación de la denominada Ley de Delitos Mediáticos, propuesta por la Fiscal Luisa Ortega Díaz

Ley de Delitos Mediáticos es una iniciativa que colocaría a los ciudadanos a un paso de ser penalizados por tener opiniones y hacerlas públicas, perfectamente enmarcada dentro de un ataque orquestado por todos los instrumentos estatales para amedrentar a la población e instarla a que haga silencio: el cerco en contra de las emisoras de radio que no repiten las consignas oficiales; la promoción de una nueva ley de periodismo; el hostigamiento a televisoras y periódicos y la criminalización de la disidencia política.

¿Qué entiende la Fiscalía por Delito Mediático? ¿El uso deliberado de un adjetivo? ¿Una apasionada polémica pública entre dos articulistas? ¿La parodia política de un humorista? ¿La publicación de una denuncia que afecte intereses sacrosantos? ¿Las cifras sobre las índices de criminalidad? ¿Las criticas ante los excesos de un poderoso?

Ninguno de estos elementos amerita la formulación de una propuesta de este calibre, ni aquí ni en ninguna parte. No la han merecido, ni la merecen, los venezolanos. Ni los que hoy están en el gobierno y en el pasado fueron oposición, ni los que están hoy en la oposición y aspiran a ser gobierno. Venezuela tiene suficientes instrumentos legales para penalizar la injuria y la difamación. Toda sociedad que ame la libertad tiene una moral pública en la cual se preferirá pecar por exceso que por defecto.

Se queja la fiscal porque los medios “interfieren en nuestra vida” y que estos “no pueden ser utilizados para cometer hechos punibles, tampoco para generar alteración de la paz social o del orden público, ni pueden generar clima de inseguridad”.

Venezuela vive una difícil hora en la cual la violencia social y política está la orden del día; con una severa crisis de los servicios públicos y una inflación que se come los ingresos de los venezolanos. La labor de los periodistas responsables, editores, y medios en general, su deber más sagrado, es informarlo y denunciarlo. Los medios no existen para calmarle el estrés, ocultarle los hechos o servirle de enfermeros a los funcionarios públicos.

Caracas, 30 de julio de 2009

Vía: Prensa CNP

http://cnpcaracas.org/?p=15075

Francisco Javier Touceiro Rodríguez.
C.I. V-17758887

Fuga de Cerebros en Venezuela. (Newsweek).

2009-07-26T07:12:00.004-04:30

Mac Margolis.

Cuando fue elegido en 1998, los venezolanos tenían la esperanza de que Hugo Chávez fuera un salvador. En lugar de eso, lo que tienen es un tirano que se apodera de las empresas privadas y las granjas, aplasta los sindicatos, y acosa a los opositores políticos. Y ahora, después de una década de la llamada revolución bolivariana, decenas de miles de profesionales venezolanos desilusionados han tenido suficiente. Artistas, abogados, médicos, administradores e ingenieros han salido del país en oleajes. Se estima que 1 millón de venezolanos han emigrado desde que Chávez llegó al poder, y un estudio del Sistema Económico Latinoamericano, un instituto de investigación intergubernamental, expresa que la salida de mano de obra altamente calificada de Venezuela a otros países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico aumentó 216 por ciento entre 1990 y 2007.

El éxodo esta saboteando el futuro del país, y la industria no ha sido más afectada que el sector petrolero de Venezuela. Hace una década, Petróleos de Venezuela estaba clasificada como una de las cinco principales empresas de energía en el mundo. A continuación, Chávez nombró a un profesor universitario marxista con ninguna experiencia en la industria al frente de la empresa. El personal superior (Gerentes) de PDVSA se declaro de inmediato en huelga y el país se paralizó. Chávez respondió despidiendo casi 22.000 personas durante la noche, incluidos los principales expertos petroleros del país. Los 4.000 empleados despedidos de la Alta Gerencia de PDVSA se encuentran trabajando en el extranjero, y el déficit de talento ha paralizado la empresa: PDVSA producía 3,2 millones de barriles de crudo al día cuando Chávez tomó el control, pero ahora solo produce 2,4 millones, según estimaciones independientes.

Historias similares surgen de los medios de comunicación. En Venezuela existía una prensa libre y combativa, pero ya no. En 2007, Chávez canceló la licencia de emisión (concesión) para conducir la estación RCTV, y ahora la amenaza con cerrar la única red independiente que sobrevive en el país, Globovisión. ¿El cargo? Globovisión se atrevió a dar en primicia, antes que los medios del gobierno, la noticia sobre un terremoto en Caracas. A los científicos les ha ido un poco mejor. Al principio, Chávez desvió dinero de las universidades y centros de ciencia a proyectos oficiales controlados por aliados políticos. Ahora, el país con los más respetados centros de investigación se está quedando atrás- el número de artículos publicados por los venezolanos en revistas científicas internacionales ha disminuido en un 15 por ciento, apenas en los últimos tres años.

Es muy similar en el resto del Eje de Hugo, la constelación de estados que han seguido a Chávez en la marcha hacia el llamado socialismo del siglo 21. Líderes en Bolivia, Ecuador y Nicaragua están reescribiendo sus constituciones, intimidan a los medios de comunicación, y avivan los conflictos étnicos y de clase. ¿El resultado? Más fugas: un estudio reciente realizado por la Universidad de Vanderbilt, por ejemplo, demostró que uno de cada tres bolivianos menores de 30 años tenía planes de emigrar, más del 12 por ciento de hace una década. Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua han caído en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial. Fitch Ratings, que analiza el riesgo de crédito, recientemente ha degradado la deuda de Venezuela, Bolivia y Ecuador a la categoría «basura». Estos estados pueden ser ricos, pero su mayor exportación ya no es el petróleo o los minerales. Es la mejor fuente para mantener en casa: el talento.

Francisco Javier Touceiro Rodríguez.
C.I. V-17758887