Excelentísimo señor
José Miguel Insulza
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos
Washington D.C.
Señor Secretario General:
Quienes la presente suscribimos tenemos a bien dirigirnos a Usted a propósito de la Resolución adoptada por el Parlamento Europeo el 7 de mayo próximo pasado, sobre el Caso de Manuel Rosales, y del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2008, hecho público por ésta al día siguiente del antes indicado.
Como habrá de saberlo, el Parlamento Europeo, luego de recordar el cierre, por orden del Presidente de Venezuela, Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, de la estación televisora Radio Caracas Televisión (RCTV), y también las inhabilitaciones impuestas a dirigentes de la oposición venezolanos para participar en la vida política, esta vez hace constar “la preocupante deriva autoritaria” que acusa el gobierno del referido mandatario.
En lo particular, el órgano institucional europeo da cuenta del uso de la vía judicial para la práctica de la persecución de los opositores al presidente venezolano, señalando los casos del ex gobernador del Estado Zulia y ex candidato presidencial Manuel Rosales, y del ex ministro de la defensa, General Raúl Isaías Baduel. Refiere sobre la decisión concertada entre el Presidente Chávez y la Asamblea Nacional, mediante la que se desconoce, en los hechos, la elección popular del Alcalde Mayor de Caracas y líder opositor, Antonio Ledezma, al retirársele mediante ley, una vez electo, sus competencias y recursos presupuestarios, transfiriéndolos a una Jefe de Gobierno del Distrito Capital nombrada a dedo por el primer mandatario en contravención de la Constitución de 1999, a cuyo tenor todas autoridades de la República, de los Estados y de los Municipios han de serlo mediante el ejercicio del voto popular y en elecciones libres.
Asimismo, refiere el Parlamento Europeo las decisiones últimas del citado gobernante, que otra vez de concierto con el parlamento y de espaldas al ordenamiento constitucional en vigor, centraliza en sus manos competencias administrativas propias de los gobernadores de Estados y Alcaldes municipales, a objeto de estrangular económica y financieramente a las entidades regionales y locales cuyos gobiernos los han asumido dirigentes de la oposición.
La resolución del señalado parlamento regional internacional, asimismo, hace constar la preocupación de sus miembros por el juicio penal al que fueron sometidos tres altos funcionarios policiales dependientes de la autoridad del entonces Alcalde Mayor de Caracas, Alfredo Peña, opositor al presidente, detenidos sin juicio durante casi 5 años y a quienes se les condena a la pena de 30 años de prisión por la presunta muerte de 3 de los 20 víctimas fallecidas durante los sucesos del 11 de abril de 2002 en Caracas; siendo evidente, como resulta de las actas judiciales respectivas, la ausencia de pruebas que comprometan la responsabilidad de dichos funcionarios y en paralelo la negativa del Estado venezolano a investigar el universo de los crímenes cometidos en dicho día – con más de un centenar de heridos de bala - y cuyos responsables, registrados en plena acción durante los sucesos, se encuentran en libertad y bajo protección oficial.
Deja registro el Parlamento Europeo, además, de la aprobación de una enmienda constitucional promovida por el mismo Presidente de Venezuela, de concierto con los demás poderes públicos, a fin de hacerse reelegir indefinidamente en el ejercicio de su cargo y a pesar de que la misma fue rechazada mediante el voto popular y como parte de una reforma constitucional precedente; todo en contravención del ordenamiento constitucional que prohíbe, expresamente, someter a nuevo referéndum, durante un mismo período constitucional, asuntos que han sido objeto de rechazo por parte de la soberanía popular.
Le preocupa a la señalada instancia internacional regional, por ende, “el cambio de las reglas del juego democrático, la falta absoluta de independencia de los diferentes poderes del Estado y el escaso respeto por la leyes y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, constatadas.
Señor Secretario General,
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la OEA y de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, a su vez, en su señalado informe sobre Venezuela destaca “la existencia de un ambiente hostil para el disenso político” y también “la impunidad que rodea las denuncias sobre homicidios y sobre ejecuciones extrajudiciales”, lo cual “afecta el pleno goce y disfrute a los derechos protegidos por la Convención Americana”.
Señala la Comisión, en igual orden, la postura contumaz asumida por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela al decidir negarse a dar cumplimiento a las sentencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e instar el gobierno del Presidente Chávez para que denuncie la Convención o Pacto de San José; circunstancia ésta que se agrava cuando, al saber éste del Informe de la CIDH en cuestión, amenaza públicamente con retirar al país de la Organización de los Estados Americanos y de su Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos.
La Comisión hace constar, por otra parte, que, si bien el gobierno de Venezuela arguye haber alcanzado logros en sus programas sociales - a saber, las misiones en materia de educación, salud, alimentación y servicios sociales - mejorando la inclusión de los sectores de menores recursos, es deseable que se realice “un estudio más a fondo” y se le permita al órgano de la OEA realizar una visita in loco – lo que no ha sido posible hasta el presente – para verificar la confiabilidad de las cifras oficiales y constatar los avances que en tal aspecto se señalan.
Advierte, asimismo, que si bien durante la década de gobierno del presidente Chávez se han realizado doce eventos electorales supervisados por organismos internacionales, no obstante ha tomado conocimiento de “la existencia de actos de intimidación contra sectores de la sociedad abiertamente críticos o que expresan su disenso a las políticas del gobierno”. Y a ello se le suma, según la misma Comisión, que durante los recientes comicios de 2008 para la elección de gobernadores y de alcaldes, no solo medió el recurso a las inhabilitaciones políticas de candidatos opositores por el Estado venezolano, sino que, el propio presidente, unas veces amenaza con sacar “los tanques de la brigada blindada” para defender su revolución en caso de que se vote por los candidatos de la “oligarquía”, en tanto que otras, refiriéndose al candidato a la reelección como gobernador del Estado Sucre, Ramón Martínez, señala públicamente que “no sólo va a perder la gobernación sino que va a terminar en la cárcel”, ajustando en directa alusión del candidato opositor que “te vamos a barrer asqueroso traidor”. Palabras más, palabras menos es lo que igualmente dice el gobernante venezolano del ex candidato presidencial Manuel Rosales, objeto de la resolución del Parlamento Europeo y recientemente asilado en la República del Perú.
El reclamo de la Comisión al gobierno no se hace esperar. Le pide que “en los procesos electorales se promueva un ambiente de respeto a la pluralidad de las ideas y opiniones que garantice la participación de los diversos partidos y movimientos políticos de Venezuela. Además, constatadas la existencia de “pronunciamientos e incidentes antisemitas” como el allanamiento de instalaciones judías por parte de la policía venezolana, le hace saber al Gobierno de Venezuela que su información y explicaciones al respecto son insuficientes
A continuación, relaciona la Comisión Interamericana el número creciente de agresiones a periodistas – uno de ellos asesinado – y el ataque violento a las instalaciones de medios de comunicación privados como las amenazas de muerte a sus directivos por grupos que se dicen afectos al gobierno; destacando, al efecto, la mora e indiferencia oficial para el cumplimiento de las medidas cautelares y provisionales acordadas tanto por la Comisión como por la Corte Interamericanas de Derechos Humanos en beneficio de los distintos trabajadores de la prensa, la radio y la televisión venezolanas.
En fin, sabiendo la Comisión de las amenazas de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de quienes defienden desde dentro y desde fuera de Venezuela los derechos humanos, “considera que las acciones de descrédito realizadas desde las autoridades estadales hacia defensoras y defensores de derechos humanos” vienen generando “un profundo daño a las democracias en el hemisferio”.
Señor Secretario General,
No escapa a su atención que los pronunciamientos internacionales intergubernamentales y los sucesos antes narrados concretan una clara cesación en Venezuela no de uno sino del conjunto y de cada uno de los elementos esenciales de la democracia y de los componentes fundamentales del ejercicio democrático, tal y como los describe la Carta Democrática Interamericana y los desarrolla a cabalidad la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De modo que, resulta difícil dejar de exigirle, más que recomendarle, que asuma con firmeza y sin ambages la defensa del patrimonio democrático que, desde el momento de su fundación, explica y justifica la existencia de la Organización de los Estados Americanos, cuya autoridad y representación Usted ejerce hoy y en momentos críticos como Secretario General
No se trata de que en Venezuela haya ocurrido un golpe de Estado – que si lo hubo, al menos en el caso concreto que implica el desconocimiento de la elección popular del Alcalde Mayor de Caracas y el establecimiento de una autoridad de facto designada en defecto de la anterior por el Primer Mandatario nacional – sino que, habiéndose sucedido los graves hechos mencionados supra, como el más reciente anuncio presidencial de que deja de existir el derecho a la propiedad privada en el país y que amenaza con clausurar en los próximos días la estación privada de televisión Globovisión, Canal 33, en cuyo beneficio han decidido la Comisión y la Corte Interamericanas, cristaliza de suyo “una alteración del orden constitucional que afecta gravemente” el orden democrático” venezolano.
La “deriva autoritaria” que angustia a los europeos, encuentra su mejor expresión en la acción policial y militar represiva que desplegó el gobierno de Venezuela, por órdenes del propio Presidente Chávez, contra la marcha pacífica de los trabajadores durante el último 1° de mayo, disolviéndola violentamente para darle cabida a la reunión de los suyos en las vecindades del Palacio Presidencial de Miraflores
Finalmente no podemos menos que expresarle nuestra alarma por sus recientes declaraciones publicadas en el Diario El País de Madrid en su edición del 11 del presente, en las cuales al preguntarle el periodista si no hay un retroceso de la democracia en Venezuela usted respondió.”De eso ya no estoy tan seguro. Eso es un tema a discutir”.
Semejante declaración tan contraria a la realidad, y ya estando usted al tanto de la alarmante resolución del Parlamento Europeo nos lleva a recordarle que el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana le fija como deber, al Secretario General de la OEA, en supuestos como los anteriores, de convocar al Consejo Permanente y realizar “una apreciación colectiva de la situación”. Es lo menos que le corresponde a usted realizar por las elevadas responsabilidades que le han confiado Las Américas, espacio geográfico en el que se deteriora aceleradamente la calidad de sus democracias con indiferencia inaudita de sus propios gobernantes.
"El pueblo venezolano no olvidará la indiferencia, la lenidad o, peor aun, la complicidad en la entronización de un régimen dictatorial en Venezuela de parte de quienes, teniendo la obligación para asistirlo en su lucha por la plena vigencia de la Constitución y la democracia, incumplieron su mandato. Toda vez que en el pasado, como le consta a usted personalmente, supo asistir moral y materialmente a pueblos hermanos y a personalidades políticas, académicas y sindicales en desgracia."
Atentamente,
Grupo G-400+ VENEZUELA (522 firmas)
Tomado de: http://www.urru.org/g-400/20090518_CartaInsulza.htm
