Todo surge luego de la publicación en el diario “El Nacional” en fecha 7 de agosto de 2009, de una nota firmada por la periodista Liliana Cortazzo, titulada “Proyecto de ley de educación incluye sanciones de la ley contra delitos mediáticos”.
En la mencionada nota, existe un error, supongo de transcripción, al afirmar: “El numeral 12 del artículo 49 del proyecto de ley de educación…” y se procede a citar el supuesto contenido del artículo, el cual esta errado, ya que se trata efectivamente del numeral 12, pero del artículo 50 del Proyecto de Ley Orgánica de Educación, actualmente en discusión.
Sin embargo debemos hacer una salvedad, que la citada periodista efectúa en su nota, “este texto no estaba incluido en el proyecto que se presentó la tarde del miércoles en la plenaria de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, acto que fue público, sino en otro documento que fue modificado a medianoche.” A lo que hay que agregar, que dicho documento aprobado a la media noche, no se dio a conocer públicamente por el ente oficial sino hasta la tarde de este viernes 7 de agosto, en el siguiente link de la página de la Asamblea Nacional, pulse aquí.
En ese sentido vale la pena destacar, lo difícil de cubrir la fuente parlamentaria, debido a las restricciones emanadas desde la directiva de la Asamblea Nacional, en la que se prohíbe la transmisión en directo vía microondas de las sesiones en el hemiciclo, así como en muchas ocasiones, se les prohíbe el ingreso al mismo y a las diversas comisiones y subcomisiones que forman parte de la estructura interna de ente legislativo. Sumado a esto, el proyecto en discusión actualmente, era desconocido incluso para los propios diputados de la Comisión de Educación, tal como lo denunciará la diputada Pastora Medina, quien afirmo que se estaba violando el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional en su artículo 147 que establece entre otros aspectos lo siguiente: “El proyecto de informe se imprimirá y distribuirá entre quienes integren la comisión, por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha fijada para su consideración. La discusión se realizará artículo por artículo.”
Como fue público y notorio, el proyecto de informe fue presentado y discutido el mismo día, aprobándose con una rapidez, que muy pocas veces es vista en la Asamblea Nacional y como observamos en franca violación del reglamento que rige la actividad parlamentaria.
No obstante a tal situación y ante la ausencia de una publicación oficial del Proyecto de Ley Orgánica de Educación, se coló a los medios, el proyecto, con la ausencia de los artículos referentes a los medios de comunicación y con numerosas faltas de lógica y redacción en el contenido de algunos artículos.
Como ya se mencionó, en horas de la tarde de este viernes, fue publicado oficialmente el proyecto en el cual aparecen, los artículos faltantes referidos a los medios de comunicación y adicionalmente la inclusión de un extenso artículo, en donde se establece el régimen sancionatorio de la Ley.
Todo este arroz con mango, no es más que producto de la mano negra y de la falta de claridad de parte del gobierno en los asuntos legislativos, la clandestinidad en el manejo de los proyectos de leyes y la consecuente falta de información pública accesible a los ciudadanos.
Así mismo, en el mencionado Reglamente Interior y de Debates, se establecen plazos, el mismo artículo 147 expresa lo siguiente: “Las comisiones que estudien proyectos de ley presentarán los informes correspondientes a consideración de la Asamblea en un plazo no mayor de treinta días consecutivos, contados desde la fecha de su recepción, a menos que por razones de urgencia la Asamblea decida un lapso menor.”
Situación que no se ha dado, puesto que el proyecto, fue aprobado en la Comisión más no ha sido presentado a la plenaria de la Asamblea, ya que será sometido a un supuesto parlamentarismo social de calle. Sin embargo ya se habla de 2da discusión en plenaria para la semana que viene.
Adicionalmente en su artículo 148 el reglamento determina: “Aprobado el informe para segunda discusión por la comisión respectiva y cuando así lo estime la Plenaria de la misma con el voto favorable de las tres quintas partes de sus integrantes, el asunto será remitido a la Comisión Ordinaria de Legislación a las fines de su revisión en lo que a estilo y técnica legislativa se refiere.
La Comisión Ordinaria de Legislación en el ejercicio de esta función contará con el apoyo de la Dirección de Investigación y Asesoría Jurídica y de la Dirección General de Investigación y Desarrollo Legislativo de la Asamblea Nacional, así como de las demás dependencias administrativas que sean requeridas.”
Esta votación no ha sido efectuada y por tanto la remisión a la Comisión Ordinaria de Legislación no se ha llevado a cabo, lo que se evidencia, al darle lectura al Proyecto, el cual cuenta con graves faltas en su redacción, que en ocasiones impiden su correcto análisis.
En la misma lista de omisiones el artículo 149 del reglamento establece: “Una vez recibido el informe de la comisión correspondiente, la Junta Directiva ordenará su distribución entre los asambleístas y fijará, dentro de los diez días hábiles siguientes, la segunda discusión del proyecto, salvo que por razones de urgencia, la Asamblea decida un lapso menor.
La segunda discusión del proyecto de ley se realizará artículo por artículo y versará sobre el informe que presente la comisión respectiva. El informe contendrá tantos puntos como artículos tenga el proyecto de ley, también se considerarán como artículos el título de la ley, los epígrafes de las distintas partes en las cuales esté sistematizado el proyecto y la propia ordenación sistemática.
Abierto el debate sobre algún artículo, cualquier asambleísta podrá intervenir en su discusión.”
Nuevamente observamos la extraña premura con que la Asamblea pretende despachar a tan importante tema, sin haberlo recibido en primera instancia, ya se habla de su segunda discusión y de su posible aprobación para la semana próxima, saltando todos los pasos y procedimientos establecidos en el Reglamento Interior y de Debates.
Todo lo anterior, es una muestra más de cómo se manejan los asuntos legislativos en el país, de espaldas a ese pueblo que tanto dicen defender y violando las diversas normativas vigentes dentro del seno de la propia Asamblea, aprobados por los mismos diputados que la componen y que supone uno como ciudadano común, deberían manejar.
Retomando el caso de las agresiones del Ministro en contra de los medios de comunicación, en lo que se ha convertido en una política gubernamental, la periodista Cortazzo, seguramente obtuvo el proyecto de alguna fuente dentro del mismo parlamento y realizo el análisis publicado en la nota de “El Nacional”.
En donde efectivamente como menciona el ministro existen algunos errores, como el que mencionamos anteriormente. En el programa “Dando y Dando” que transmite el canal oficial, el ministro visiblemente fuera de tono, cargo contra los diarios, generalizando la situación de los medios y contra la periodista, a quien incluso tildo de “inepta”.
"El periodista que hizo esto es un inepto, porque es un mentiroso, que debería ser enjuiciado por mentiroso" declaró el ministro. En ese mismo orden de ideas, expresó lo siguiente: "Este periódico debería ser cerrado por mentiroso...".
Si bien el ministro tiene razón al asegurar que lo que se establece en el actual proyecto de Ley Orgánica de Educación, fue tomado textualmente de la Ley Orgánica de Educación actual, vigente desde 1980, no creemos necesaria, la descalificación y el insulto en contra de la periodista que firma la nota y más aún en el contexto de clandestinidad con que se ha venido manejando el asunto referente a la legislación de la materia educativa.
El articulado de la discordia es el siguiente: en el actual proyecto, en su artículo 50, numeral 12 se establece lo siguiente: “Quienes dirijan medios de comunicación social están obligados a prestar su cooperación a la tarea educativa y ajustar su programación para el logro de los fines y objetivos consagrados en la Constitución y en la presente ley. Se prohíbe la publicación y divulgación de impresos u otras formas de comunicación social que produzcan terror en los niños, inciten al odio, a la agresividad, la indisciplina, deformen el lenguaje y atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano, la moral y las buenas costumbres, la salud mental y física de la población, en caso de infracción de estos, los órganos rectores en materia educación solicitarán a la autoridad correspondiente la suspensión inmediata de las actividades o publicaciones de que se trate, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones contenidas en el ordenamiento jurídico venezolano.”
En la Ley vigente lo anterior queda establecido en dos artículos, el número 11 que reza lo siguiente: “…Los particulares que dirijan o administren estaciones de radiodifusión sonora o audiovisual están obligados a prestar su cooperación a la tarea educativa y ajustar su programación para el logro de los fines y objetivos consagrados en la presente ley.
Se prohíbe la publicación y divulgación de impresos u otras formas de comunicación social que produzcan terror en los niños, inciten al odio, a la agresividad, la indisciplina, deformen el lenguaje y atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano, la moral y las buenas costumbres. Asimismo, la ley y los reglamentos regularán la propaganda en defensa de la salud mental y física de la población”.
Y en al artículo 127 que establece: “En caso de infracción de las disposiciones contenidas en el artículo 11 de esta ley, el Ministerio de Educación solicitará de la autoridad correspondiente la suspensión inmediata de las actividades o publicaciones de que se trate, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones contenidas en el ordenamiento jurídico venezolano.”
En ambas leyes, efectivamente el procedimiento es el mismo, con lo cual quedaría desmentido en cierta forma el título de la nota: “Proyecto de ley de educación incluye sanciones de la ley contra delitos mediáticos”, expreso que queda desmentido en cierta forma, debido al lenguaje y respuesta del ministro, quien arremete con fuerza y vehemencia sin respetar si quiera la condición de mujer de quien firma la nota. Les anexo el link del video de la intervención del ministro Navarro en el programa referido, pulsa aquí, a fin de que ustedes mismos se hagan una idea de la forma de expresarse de este ciudadano (minutos 7:09 en adelante).
Efectivamente, no hay cambios en el texto jurídico, del vigente al nuevo que se está proponiendo, pero el cambio, se gesta en quien se encarga de impartir justicia. En pocas palabras es lo mismo, si no te agarra el chingo (texto de la ley), te agarra el sin nariz (quien imparte justicia).
En fin, la forma en que se juzga a la periodista de “El Nacional”, es absolutamente tosca y torpe, existen mecanismos, como el derecho a réplica consagrado en la Constitución Nacional en su artículo 58: “La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral.”
Adicionalmente, podría con total normalidad, criticar al periódico y específicamente a la nota publicada en el mismo, demandando su rectificación, a fin de evitar que la misma, distorsione a la opinión pública.
Ahora bien, no vemos al ministro, reclamando airada y contundentemente en defensa del debido proceso legislativo en la discusión de una ley tan importante para el futuro del país, a fin de que se garantice el derecho de todos los venezolanos a participar activa y realmente en la misma. No vemos al ministro haciendo gestiones a fin de que todos los sectores de la sociedad sean escuchados, para de esta forma lograr un texto plural en el que se incluya a todos los venezolanos.
Todo lo anterior no es sino una muestra más, del doble rasero, de la doble moral de los funcionarios gubernamentales, quienes dicen defender la legalidad, pero a su vez arremeten y violan todo el ordenamiento jurídico vigente, vulnerando la integridad de los ciudadanos.
Las actitudes de funcionarios, como este ministro, dejan mucho que desear de la administración pública en Venezuela, si así actúan enfrente a las cámaras de televisión, que no dirán y que cosas no harán cuando no esté el ojo ciudadano sobre ellos. Los atropellos y abusos de poder, de quienes hoy están en el gobierno deben ser juzgados y castigados, cuando la administración actual concluya, de cualquier forma, por la vía electoral, en la cual no creo, ni en la que confió, o por la protesta cívica de los ciudadanos en contra de un régimen que vulnera día a día la Constitución y las leyes, persiguiendo sistemáticamente a la disidencia y llevando al país a una coyuntura aún peor de la que se vive actualmente y que podría derivar en una situación lamentable, en la cual los ciudadanos de este país no queremos caer.
C.I. V-17758887
