Ante la Ley de delitos mediáticos.

El Colegio Nacional de Periodistas quiere hacer un nuevo llamado de alerta a todos los venezolanos ante las terribles consecuencias que para la vida cotidiana de todos tendría la eventual aprobación de la denominada Ley de Delitos Mediáticos, propuesta por la Fiscal Luisa Ortega Díaz

Ley de Delitos Mediáticos es una iniciativa que colocaría a los ciudadanos a un paso de ser penalizados por tener opiniones y hacerlas públicas, perfectamente enmarcada dentro de un ataque orquestado por todos los instrumentos estatales para amedrentar a la población e instarla a que haga silencio: el cerco en contra de las emisoras de radio que no repiten las consignas oficiales; la promoción de una nueva ley de periodismo; el hostigamiento a televisoras y periódicos y la criminalización de la disidencia política.

¿Qué entiende la Fiscalía por Delito Mediático? ¿El uso deliberado de un adjetivo? ¿Una apasionada polémica pública entre dos articulistas? ¿La parodia política de un humorista? ¿La publicación de una denuncia que afecte intereses sacrosantos? ¿Las cifras sobre las índices de criminalidad? ¿Las criticas ante los excesos de un poderoso?

Ninguno de estos elementos amerita la formulación de una propuesta de este calibre, ni aquí ni en ninguna parte. No la han merecido, ni la merecen, los venezolanos. Ni los que hoy están en el gobierno y en el pasado fueron oposición, ni los que están hoy en la oposición y aspiran a ser gobierno. Venezuela tiene suficientes instrumentos legales para penalizar la injuria y la difamación. Toda sociedad que ame la libertad tiene una moral pública en la cual se preferirá pecar por exceso que por defecto.

Se queja la fiscal porque los medios “interfieren en nuestra vida” y que estos “no pueden ser utilizados para cometer hechos punibles, tampoco para generar alteración de la paz social o del orden público, ni pueden generar clima de inseguridad”.

Venezuela vive una difícil hora en la cual la violencia social y política está la orden del día; con una severa crisis de los servicios públicos y una inflación que se come los ingresos de los venezolanos. La labor de los periodistas responsables, editores, y medios en general, su deber más sagrado, es informarlo y denunciarlo. Los medios no existen para calmarle el estrés, ocultarle los hechos o servirle de enfermeros a los funcionarios públicos.

Caracas, 30 de julio de 2009

Vía: Prensa CNP

http://cnpcaracas.org/?p=15075

Francisco Javier Touceiro Rodríguez.
C.I. V-17758887