La destrucción de la justicia, como institución encargada de interpretar la ley y objetivamente y en igualdad de condiciones juzgar a los ciudadanos, a los que se presuma hayan cometido delitos, es un acto que debe llamarnos poderosamente la atención.
Más allá de su acepción política la cual tocaré más adelante, debemos reconocer lo delicado del asunto en cuanto a su repercusión en los índices de inseguridad. Una estadística acerca de los niveles de impunidad, denota la ineficiencia del sistema de justicia, de cada 100 delitos denunciados, solo 3 son investigados. Ante este sombrío horizonte, el hampa actúa a sus anchas, a sabiendas de lo difícil que será, que sean castigados por los delitos que cometen, impulsando a que los mismos se cometan cada día en mayor cuantía.
La inseguridad personal es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, como se denota claramente en todos los estudios de opinión a nivel nacional. Desde simples robos, pasando por hurtos de vehículos, secuestros exprés, secuestros propiamente dichos, tráfico de drogas (en grandes y pequeñas cantidades), entre otras modalidades; afectan duramente la paz y la tranquilidad de los venezolanos.
Sin embargo y ante una situación tan grave, las baterías del gobierno se enfilan en otra dirección, la de reprimir duramente a la disidencia política, algo en lo que la justicia venezolana controlada desde el Alto Gobierno, si es expedita y eficiente, son numerosos los casos en donde diversos actores políticos han sido perseguidos por la justicia, a fin de acallar sus voces disidentes.
De manera arbitraria y atropellada, se llevan a cabo procedimientos judiciales viciados que atentan contra los derechos consagrados en la Carta Magna. El Ministerio Público en los últimos días ha arremetido duramente emitiendo ordenes de captura en contra de diversos personeros políticos, tal es el caso del Prefecto de Caracas Richard Blanco, quien de manera intempestiva y abrupta fue detenido en medio de un desmedido despliegue policíaco, que mucho quisieran ver los ciudadanos, que viven en zonas populares y son azotados día tras día por la acción criminal del hampa.
Ante este panorama, no nos queda otra, sino exigir de manera contundente, la despolitización del sistema judicial, la represión firme al accionar del hampa y de los grupos delictivos. La meta de la justicia, debe ser juzgar de manera objetiva a los ciudadanos, basándose en el marco legal correspondiente, alejada de cualquier control o presión de ningún tipo.
Es necesaria una reestructuración del sistema de administración de justicia, es urgente la refundación de la institución jurídica. Dicho proceso debe comenzar por la remoción de su cargo, de la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, quien en reiteradas ocasiones ha esgrimido argumentos totalmente parcializados, a favor de una facción política, vulnerando el carácter ecuánime y objetivo que debe tener dicha figura.
Francisco Javier Touceiro Rodríguez.
C.I. V-17758887
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